Aspirinas e Impuestos

Notas sobre la ciencia económica en su tránsito de describir a prescribir.

Tráfico de Enfermedades

Cómo convertir intereses comerciales en “Verdad Científica”

Durante años, la industria farmacéutica sostuvo una forma peculiar de optimismo: la convicción de que siempre había algo más que curar. No porque el cuerpo humano se hubiera vuelto súbitamente más frágil, sino porque el umbral de lo normal empezó a moverse. Un poco hacia abajo. Apenas lo suficiente como para no llamar la atención.

El cambio fue gradual. Casi imperceptible. La timidez, esa incomodidad antigua frente a los otros, dejó de ser rasgo de carácter y empezó a nombrarse como fobia. El cansancio persistente —ese desgaste opaco de jornadas largas, noches cortas y expectativas acumuladas— adquirió la forma de síndrome. La tristeza que se prolonga, sin dramatismo ni tragedia, encontró un código clínico que la volvía tratable. El cuerpo no había cambiado; el lenguaje que lo describía, sí. Y con ese cambio, apareció un mercado nuevo, ordenado, legítimo.

El procedimiento tenía un orden claro, aunque rara vez explícito. Primero llegaba la molécula. Años de investigación, millones invertidos, patentes corriendo contra el calendario. Antes de que existiera el paciente, ya existía la urgencia financiera de que el producto encontrara su indicación. La necesidad terapéutica vendría después.

Ahí entraba en escena el patrocinador. No en la clínica ni en la conclusión del paper, sino antes, mucho antes. Era quien financiaba la investigación, quien sostenía congresos, quien volvía relevantes ciertas preguntas y dejaba otras fuera de foco. No imponía resultados; definía el marco. Y en ciencia, el marco suele decidir qué cuenta como evidencia y qué queda relegado a ruido.

Con ese marco establecido, la academia hacía su trabajo. No charlatanes ni improvisados, sino profesionales respetables, formados, rigurosos. Observaban conductas humanas comunes —la dificultad para hablar en público, la fatiga que no cede con descanso, la melancolía persistente— y las reorganizaban con precisión técnica. No inventaban síntomas; los reclasificaban. Lo que antes era variación pasaba a ser patología subdiagnosticada. Lo que era tolerable se volvía clínicamente relevante.

El paper aparecía entonces como la pieza central del dispositivo. No como un acto de descubrimiento, sino de validación. El estudio no se preguntaba si esa condición requería tratamiento farmacológico, sino bajo qué criterios el tratamiento podía recomendarse. El lenguaje era sobrio, las tablas prolijas, las conclusiones cautelosas. Todo estaba escrito para resistir objeciones, no para provocarlas.

Ese texto no circulaba como publicidad. Circulaba como ciencia. Se publicaba, se citaba, se replicaba. Adquiría estatus. Y en ese movimiento ocurría el pasaje decisivo: el interés comercial adoptaba la forma de verdad legítima. El folleto ya no parecía folleto; parecía consenso médico.

Una vez fijado ese consenso, la venta no necesitaba fuerza. El médico prescribía con tranquilidad profesional. El paciente consumía con alivio. El dinero se desplazaba del individuo hacia la industria sin fricción moral, protegido por la idea de necesidad clínica. Nadie sentía que estaba pagando de más. Estaba pagando por salud.

El sistema funcionaba porque no dependía de mentiras burdas, sino de asimetrías: de información, de prestigio, de capacidad de financiamiento. Funcionaba porque cada actor del circuito obtenía algo y ninguno tenía incentivos para interrumpirlo. El académico publicaba. El regulador avalaba. El médico recetaba. El paciente agradecía.

La enfermedad dejaba de ser solo un estado del cuerpo. Se convertía en una categoría administrada. Y la ciencia, sin dejar de ser ciencia, pasaba a cumplir otra función: infraestructura de mercado.

La réplica

Cuando la economía empezó a enfermar… y la sociedad con ella

El dispositivo no se trasladó solo. Como toda operación de escala, necesitó patrocinadores, una academia dispuesta a abstraer lo incómodo y una red política y mediática capaz de convertir el diagnóstico en sentido común. La economía no se medicalizó por un malentendido teórico, sino por inversión sostenida. Mucho dinero en juego suele ayudar a aclarar conceptos.

El primer paso fue ontológico. La economía —no el mercado, la economía entera— pasó a ser presentada como un sistema natural, autorregulado, esencialmente sano. Un organismo delicado, sí, pero sano. Tan sano que cualquier intento de modificar su funcionamiento debía considerarse, por definición, una agresión. El equilibrio general cumplió aquí un rol decisivo: nadie lo veía, nadie lo medía, pero todos sabían que estaba ahí. Como toda buena noción teológica, no requería evidencia; requería fe bien modelizada.

Con ese supuesto instalado, la discusión política se volvió un problema técnico. Ya no se debatían poder e intereses, sino interferencias. El Estado dejó de ser instrumento y pasó a ser estorbo. El sindicato, rigidez. La política salarial, distorsión. No porque alguien lo decretara, sino porque así lo indicaban modelos elegantes, llenos de ecuaciones y supuestos razonables. Los datos reales, por supuesto, quedaban para más adelante. No entremos en sutilezas academicistas.

Este proceso comenzó de manera incipiente en los años treinta y cuarenta, como reacción a la hegemonía keynesiana. No surgió por generación espontánea. Fue cultivado con paciencia en una academia orgánica, prolija, bien financiada, especializada en convertir convicciones en papers. Think tanks como el Cato Institute o la Heritage Foundation no gritaban consignas: producían certeza. Ofrecían diagnósticos cerrados, exportables, listos para ser citados en informes, discursos y editoriales.

La referencia intelectual a varios filósofos de la Escuela Austríaca —y en particular a Friedrich Hayek— funcionó como respaldo moral. No tanto por la precisión empírica de sus formulaciones —un detalle menor—, sino por la elegancia de la idea: el mercado como sistema de información superior, la política como ruido ignorante. Con eso bastaba. La desigualdad dejaba de ser problema; era el resultado natural de contratos entre privados libremente asumidos. El conflicto social, una interferencia emocional.

Instalado el dogma, comenzaron a aparecer las dolencias.

La primera fue la asfixia del capital. El diagnóstico describía a la economía como un cuerpo exhausto por el peso de los impuestos. No cualquier impuesto, claro: los progresivos. Esos que recaen, curiosamente, donde se concentra la renta. La cura era obvia y siempre urgente: alivio fiscal en la cúspide. Al fin y al cabo —se nos explicó— los impuestos eran una enfermedad, y bajarlos, un alivio. Se prometía inversión, crecimiento, dinamismo. Una fisiología virtuosa.

Más adelante se inventó una distinción particularmente eficaz: la carga fiscal. No tanto por lo que medía, sino por lo que hacía sentir. El peso del Estado en el bolsillo del ciudadano, incluso de aquel que no pagaba impuestos por estar exento debido a sus bajos ingresos… o del que tenía ingresos altos y los eludía con notable creatividad.

Lo que siguió fue menos épico. La inversión productiva no reaccionó con entusiasmo. La riqueza se concentró con disciplina casi ejemplar. El Estado perdió capacidad fiscal. La economía real se volvió más frágil, más desigual, más dependiente de burbujas financieras. Pero el diagnóstico no se alteró. Como toda enfermedad bien definida, no necesitaba curar; necesitaba explicar por qué había que seguir medicando. Los datos —provenientes incluso de fuentes poco sospechosas como el FMI, la OCDE o grandes bancos de inversión— no ayudaron demasiado. En un gesto ocasionalmente populista y democrático, esos organismos publicaban informes que contradecían a sus principales financiadores. Luego, el mundo seguía igual.

La segunda dolencia fue más sutil y más eficaz: la inflación salarial. Aquí el problema dejó de ser el capital y pasó a ser el trabajo. El salario, ese mecanismo rudimentario de distribución del ingreso, fue redefinido como riesgo macroeconómico. Una economía con empleo alto dejó de ser señal de salud y empezó a verse como amenaza latente. Durante años se repitió una promesa tranquilizadora: los salarios crecerían al ritmo de la productividad. No hacía falta discutir poder ni conflicto. El progreso técnico se encargaría de todo. Era una ley casi natural.

El progreso llegó. La productividad creció. Los salarios, no.

La brecha se abrió sin escándalo, año tras año, hasta volverse estructural. El trabajador producía más, la economía crecía, pero el ingreso se quedaba quieto. La teoría no se sobresaltó. No revisó la promesa. Simplemente dejó de mencionarla. En privado, apareció una explicación más honesta —aunque nunca explícita—: el salario ya no dependía de lo que se producía, sino de lo que se podía imponer. La relación de fuerzas reaparecía, discretamente, donde el modelo decía que no existía.

La medicina siguió siendo la misma: contención, flexibilidad, moderación. El efecto fue previsible: márgenes corporativos en expansión, precarización laboral, endeudamiento doméstico. La economía seguía funcionando; la sociedad empezaba a resquebrajarse. Pero no había diagnóstico alternativo disponible en el recetario.

La tercera dolencia cerró el cuadro: la fricción regulatoria. Las reglas pasaron a ser obstáculos, los controles torpezas, la supervisión una forma de desconfianza injustificada. El sistema financiero, se decía, necesitaba libertad para asignar eficientemente el capital. La desregulación no era una opción; era una exigencia clínica.

Las crisis llegaron con puntualidad. Cada una más costosa que la anterior. Pero incluso ahí el diagnóstico resistió. Las fallas no se atribuían al tratamiento, sino a su aplicación incompleta. Nunca fue demasiada libertad; siempre fue insuficiente. El paciente colapsaba, pero la medicina seguía siendo la correcta.

Para que este esquema funcionara hicieron falta ejecutores. Los partidos políticos asumieron ese papel con una versatilidad digna de mejor causa: desde la derecha tradicional hasta la socialdemocracia de la tercera vía, todos encontraron una forma propia de administrar el mismo tratamiento. Cambiaban los discursos, los énfasis, incluso el vestuario retórico; las recetas, no.

Gobernaban como médicos de guardia en un hospital privatizado: rotaban los turnos, ajustaban el tono con el paciente, prometían revisiones futuras, pero aplicaban siempre el mismo protocolo. Si el enfermo no mejoraba, no era motivo de alarma clínica, sino prueba de que aún no se había sido lo suficientemente riguroso.

Los medios especializados completaron el circuito. Publicaciones como The Wall Street Journal o The Economist tradujeron la jerga técnica en sentido común ilustrado. No imponían dogmas; marcaban los límites de lo pensable. Advertían, disciplinaban, celebraban. La economía se volvía relato; la sociedad, paciente.

Así, la economía no solo enfermó. Aprendió a producir enfermedad social de manera estable, con diagnósticos elegantes, tratamientos persistentes y una red perfectamente aceitada para legitimarlos.

La economía seguía funcionando. La sociedad, cada vez menos.

La paradoja del paciente VIP

Socialismo para ricos

Toda medicina revela su verdadera lógica cuando se enfrenta a un caso límite. En la economía contemporánea, ese momento llega cuando el paciente que más predica abstinencia es el primero en pedir asistencia. No un favor: una intervención urgente.

Durante décadas, la teoría repitió que el Estado debía retirarse. Que su presencia distorsionaba incentivos, entorpecía la asignación eficiente de recursos y debilitaba el espíritu emprendedor. El capital, se decía, prospera mejor en libertad. Menos impuestos, menos regulación, menos gasto. El manual era claro, elegante y, sobre todo, siempre aplicable… a otros.

Pero, como ocurre con toda fe bien organizada, la práctica fue otra cosa.

Basta observar con atención quién consume realmente al Estado para advertir la paradoja. No son los sectores de bajos ingresos, cuyos programas sociales son minuciosamente auditados, recortados y moralizados hasta adquirir un dudoso valor pedagógico. Son, en cambio, los actores que el discurso presenta como autosuficientes: grandes empresas, conglomerados financieros, sectores estratégicos y segmentos de altos ingresos. El Estado no desaparece; se muda. Cambia de destinatario con la naturalidad de quien sigue una lógica conocida.

El primer subsidio es silencioso y, por eso mismo, respetable. No adopta la forma vulgar de una transferencia directa, sino la de infraestructura compartida. Buena parte de las infraestructuras públicas y de las nuevas tecnologías que sostienen la rentabilidad privada —desde sistemas de comunicación hasta plataformas digitales, desde avances biomédicos hasta desarrollos energéticos— nacieron de inversiones estatales, financiadas colectivamente y asumidas como riesgo social. El sector privado aparece después, cuando la incertidumbre ha sido cuidadosamente eliminada, para capturar el retorno bajo la forma de patentes, licencias o posiciones dominantes. El riesgo fue común; la ganancia, estrictamente privada. No es una anomalía del sistema: es su protocolo de funcionamiento.

El segundo subsidio es más visible y, por eso mismo, más incómodo. Cuando la economía entra en crisis —cuando la desregulación produce inestabilidad, cuando la especulación se vuelve sistémica— el discurso de la autosuficiencia se suspende sin demasiadas explicaciones. Quedan momentáneamente en pausa las máximas sobre eficiencia, castigo al ineficiente y contratos libres entre privados. Los mismos actores que reclamaban disciplina fiscal descubren una súbita y conmovedora vocación por el gasto público. Aparecen entonces los rescates, los programas de emergencia, los “mecanismos excepcionales”. El lenguaje se vuelve clínico, casi compasivo: liquidez, estabilización, contención del contagio. El Estado, ese estorbo habitual, se transforma en respirador artificial.

La operación se presenta como inevitable. No como una elección política, sino como una urgencia técnica, casi médica. El costo se socializa sin dramatismo. Se justifica en nombre del bien mayor: evitar el colapso. Una vez pasada la emergencia, el discurso original reaparece intacto, convenientemente repuesto. El problema nunca fue el Estado en sí, sino su uso “excesivo”… salvo cuando resulta indispensable. Para nosotros, no para los otros.

La tercera capa de la paradoja es cultural y quizá la más eficaz. Una parte significativa de la clase media profesional —e incluso aspiracional— adoptó ese relato como propio. Ejecutivos, técnicos, cuadros gerenciales, profesionales independientes: desde el comerciante de Santiago de Chile hasta el psicólogo de Montreal, todos aprendieron a repetir la misma liturgia. Defienden con convicción los recortes fiscales al “emprendedor” miembro de la élite, a quien imaginan siempre al borde del colapso creativo, mientras observan con recelo cualquier transferencia destinada a la subsistencia. El subsidio al pobre se vuelve escándalo moral; el subsidio al capital, requisito técnico. Uno se discute con fervor cívico en prime time; el otro se administra con discreción en anexos presupuestarios que nadie lee.

La transferencia neta de recursos ocurre hacia arriba, pero el relato invierte la escena con notable eficacia. La ciencia económica dominante contribuye a ese efecto: vuelve visible lo pequeño e invisible lo grande. Magnifica el costo fiscal de los programas sociales y minimiza —cuando no oculta— el volumen de exenciones, rescates y beneficios implícitos que sostienen la rentabilidad concentrada. No es un error de cálculo; es una decisión narrativa.

Así, el paciente VIP recibe atención permanente sin ser nombrado. Goza de medicina preventiva, tratamientos de alta complejidad y rescates de última instancia. Al mismo tiempo, insiste en que el sistema debe adelgazar. Que el gasto es un problema. Que la austeridad es una virtud necesaria… para otros.

La paradoja no es que el Estado intervenga. La paradoja es a quién interviene y cómo se justifica esa intervención.

El Estado no se retiró de la economía. Se especializó.

Y, como toda buena clínica privada, reservó sus mejores recursos para quienes podían pagar —y definir— el diagnóstico correcto.

El protocolo clínico

La trampa lógica

Todo sistema que aspira a perdurar necesita algo más que buenos diagnósticos. Necesita un protocolo: una secuencia de reglas lo suficientemente flexible como para adaptarse a cualquier escenario y lo bastante cerrada como para que el resultado sea siempre el mismo. La economía contemporánea resolvió ese problema con una elegancia que merece ser reconocida.

El principio rector es simple: la redistribución nunca coincide con el momento adecuado. No porque sea indeseable en abstracto —eso sería de mal gusto decirlo, aunque cada vez más actores la describen abiertamente como una estafa—, sino porque siempre aparece técnicamente contraindicada. El argumento varía según el ciclo; la conclusión, no.

Cuando la economía entra en crisis, la advertencia es inmediata. Subir salarios sería imprudente. Aumentaría el desempleo, deterioraría la competitividad, profundizaría la recesión. El razonamiento se presenta como elemental, casi de sentido común. El paciente está débil; no tolera estímulos. Cualquier otra lectura sería voluntarismo. Los modelos lo muestran con claridad. Los datos, como suele ocurrir, admiten matices —e incluso contradicciones—, pero no estamos para sutilezas de econometría en tiempos de crisis.

Cuando la economía crece, el argumento se ajusta sin esfuerzo. Subir salarios ahora sería peligroso. Generaría inflación, erosionaría márgenes, pondría en riesgo la estabilidad alcanzada. El paciente mejora, pero no tanto. Conviene esperar. Consolidar. No precipitarse. El detalle menor es que la mejora nunca alcanza el umbral necesario para justificar el cambio de tratamiento.

El resultado es técnicamente impecable. El salario real se estanca sin necesidad de prohibiciones ni enfrentamientos abiertos. No se rechaza la mejora; se la difiere. No se niega el derecho; se lo declara prematuro. El ingreso del trabajo queda así atrapado en una pausa permanente, siempre razonable, siempre transitoria.

El mismo protocolo se aplica al capital, con una consistencia que roza la perfección formal.

En contextos de crisis, la receta es conocida. Hay que incentivar. Reducir impuestos, aliviar cargas, enviar señales claras. El capital está retraído; necesita estímulos. El Estado debe acompañar, no interferir. Es una cuestión de confianza. Los modelos lo confirman. La evidencia empírica, otra vez, es más ambigua, pero no conviene perderse en discusiones metodológicas cuando lo urgente es “restablecer expectativas”.

Cuando la economía crece, el razonamiento no se modifica; apenas cambia de tono. Ahora no hay que castigar el éxito. Subir impuestos sería un error de timing. Podría frenar la inversión, alterar expectativas, generar ruido innecesario. Mejor no tocar nada. El sistema funciona; no lo compliquemos. El capital, como el paciente VIP, requiere estabilidad emocional.

Así, la progresividad fiscal no se elimina: se vuelve impracticable. No porque sea injusta o ineficiente, sino porque nunca coincide con las condiciones apropiadas. En crisis, es peligrosa. En auge, es inoportuna. El impuesto justo queda siempre para más adelante, en un futuro que, con notable disciplina, nunca llega.

La sofisticación del protocolo reside en su carácter circular. No depende de hipótesis verificables, sino de una lógica autosuficiente. Si los indicadores empeoran, la redistribución es irresponsable. Si mejoran, es innecesaria. Cualquier escenario valida la misma prescripción. No hay contradicción; hay consistencia interna.

La discusión se desplaza así del terreno político al técnico. Ya no se debate qué distribución es deseable, sino si “las condiciones están dadas”. Y las condiciones, como es sabido, son exigentes. Siempre falta algo: un punto de inflación, una señal de confianza, un trimestre más de crecimiento. La espera se vuelve virtud. La postergación, prudencia. La renuncia, madurez macroeconómica.

El protocolo no promete bienestar inmediato. Promete equilibrio futuro. Un equilibrio que siempre está a una variable de distancia, a un riesgo por evitar, a un ciclo por cerrar. La redistribución no se prohíbe; se pospone con argumentos tan sólidos que terminaron pronunciándose, con ligeras variaciones retóricas, en boca de Bill Clinton, Tony Blair, Ricardo Lagos o Felipe González. Un detalle histórico, no ideológico.

Y como todo buen protocolo clínico, no necesita curar para justificarse.
Le basta con seguir aplicándose.

Cuando el paradigma se niega a morir

Comprender estas preferencias ideológicas vestidas de facticidad técnica fue, en mi caso, el primer gesto de alejamiento de la economía como disciplina. No ocurrió por una conversión súbita ni por una discrepancia política, sino por una escena menor, casi administrativa, de esas que solo revelan su importancia con el tiempo.

Siendo estudiante, pregunté al decano de la Escuela de Economía —un académico prestigioso, formado en la tradición de los Chicago Boys, luego convertido en banquero en el sentido fuerte del término: dueño de banco, no empleado bancario— por qué el gobierno insistía en sostener un tipo de cambio fijo en lugar de permitir que flotara libremente. Su respuesta fue desconcertante por lo natural: “porque los agentes económicos aún no entienden el modelo”.

Ahí se produjo el deslizamiento. Yo creía estar estudiando una disciplina descriptiva y, en el mejor de los casos, predictiva. No un modelo normativo en espera de ser internalizado por la realidad. La economía, entendí entonces, no estaba explicando el mundo: estaba educándolo. Y cuando el mundo no respondía, el problema no era el modelo, sino la falta de docencia aplicada sobre los agentes. La inversión era perfecta: La teoría no fallaba: simplemente esperaba ser comprendida por la realidad.

Ese malestar no se resolvió estudiando más economía. Al contrario: se volvió persistente en la medida en que avanzaba en ella. La sensación era siempre la misma: demasiadas certezas para una disciplina que decía describir la realidad, demasiada tolerancia frente a resultados que contradecían sus propias promesas. Buscando entender ese desajuste —no entre teoría y datos, sino entre teoría y su pretensión de cientificidad— terminé desplazándome hacia un terreno menos confortable y mucho menos seguro de sí mismo: la epistemología y la filosofía de las ciencias.

Paradójicamente, en una institución donde la informalidad conceptual era casi una marca de identidad —al punto de que llamar “disciplina” a ciertas áreas producía incomodidad—, ese fue uno de los pocos espacios donde el rigor no se declamaba, se practicaba. Allí, junto a tradiciones como el estructural-funcionalismo o la teoría de sistemas, apareció un marco que permitió ordenar una intuición que hasta entonces era solo incomodidad: la obra de Thomas Kuhn.

En La estructura de las revoluciones científicas, Kuhn describió el ciclo vital de los paradigmas con una precisión que la economía rara vez se permitió aplicar a sí misma. Una teoría se impone, organiza la investigación, produce ciencia normal. Con el tiempo, comienzan a acumularse anomalías: datos que no encajan, resultados incómodos, excepciones persistentes. Al principio se los ignora. Luego se los racionaliza. Finalmente, cuando ya no pueden ser absorbidos, el paradigma entra en crisis y es reemplazado por otro. No por razones morales, sino por simple supervivencia cognitiva. Es la selección natural de las ideas.

La economía neoclásica, sin embargo, ha logrado algo que la física o la biología jamás podrían: detener el tiempo.

Lo que observamos hoy no es ciencia normal en el sentido kuhniano. Tampoco es una teoría en disputa empírica. Es otra cosa: un cuerpo conceptual que ha dejado de responder a la evidencia, pero que sigue operando institucionalmente. No corrige sus errores, no revisa sus supuestos, no se retira ante la anomalía. Funciona sin aprender. En términos estrictos, eso ya no es ciencia viva. Es ciencia zombi.

Las teorías de la Curva de Laffer o de la Eficiencia de los Mercados no están en discusión empírica. Ese debate terminó hace décadas. Los recortes de impuestos que no generan crecimiento, las crisis financieras en mercados supuestamente eficientes, la inflación sin empleo, la productividad sin salarios son anomalías suficientemente documentadas. El detalle menor es que nadie se lo comunicó al cadáver.

¿Cómo es posible que un paradigma sobreviva a su propia refutación? Porque aquí la validación empírica fue sustituida por soporte vital financiero. Think tanks, universidades, consultoras, medios especializados y carreras políticas funcionan como una red de cuidados intensivos. No para curar al paciente, sino para impedir que se declare oficialmente su muerte.

Como en la industria farmacéutica, no se retira un fármaco ineficaz si sigue siendo rentable. Se amplía la indicación, se redefine la patología, se ajusta el protocolo. La economía neoclásica no busca describir el mundo: busca administrarlo. Y mientras siga siendo funcional a la distribución vigente del poder y del ingreso, no hay anomalía suficientemente grave como para desconectarla.

La relación entre aspirinas e impuestos deja, al final, una lección incómoda. La ciencia deja de ser ciencia cuando su objetivo ya no es descubrir la verdad, sino proteger la rentabilidad del patrocinador. No ocurre de golpe ni con escándalo. Ocurre con papers bien escritos, modelos elegantes y conclusiones cautelosas. Todo en orden, salvo por una cuestión elemental: el conocimiento deja de interrogar a la realidad y pasa a disciplinarla.

Cuando una teoría deja de responder a la realidad pero conserva intacta su capacidad de prescribir, no estamos ante un error intelectual ni ante una diferencia ideológica. Estamos ante una infraestructura de legitimación. La evidencia ya no corrige al modelo; el modelo decide qué evidencia merece atención.

Por eso esto no es un debate académico.
Es una autopsia que se niegan a firmar.