El Valor Práctico de un Disquete

Treinta años y un objeto que ya nadie sabe cómo abrir

La ranura

En algún momento a fines del 2025, en las oficinas del Banco Mundial sobre la calle H de Washington, un edificio que tiene la misma relación con la duda que la Reserva Federal tiene con la incertidumbre, alguien tuvo que escribir una frase que llevaba décadas siendo impensable. No la escribió un crítico externo. No la escribió un académico heterodoxo desde alguna universidad que siempre desconfió del organismo. No la escribió un militante de ninguna de las tradiciones que el propio Banco había pasado décadas descalificando. La escribió el economista jefe de la institución, en el prefacio de un informe de 276 páginas dedicado enteramente a la política industrial, ese instrumento que durante treinta años el Banco había tratado con la misma mezcla de condescendencia técnica y alarma ideológica que un físico de élite reserva para la astrología. El consejo que el Banco había dado al mundo en 1993 escribió el economista jefe, tiene hoy “el valor práctico de un disquete.“

Conviene detenerse un momento en el objeto elegido para la metáfora.

El disquete no es simplemente tecnología obsoleta. Es un objeto que fue, durante una época precisa y con una convicción que hoy resulta casi enternecedora, el soporte universal del conocimiento transferible. Nadie dudaba de él. Era el formato. Era la infraestructura epistémica del mundo que funcionaba. Empresas, gobiernos, universidades, organismos internacionales almacenaron en disquetes las instrucciones que el mundo necesitaba para operar. El problema no era que el disquete mintiera. El problema, y aquí está el matiz que Washington prefirió no desarrollar demasiado, era que llegó un momento en que nadie tenía ya la ranura para leerlo, y los datos adentro, correctos o incorrectos, útiles o devastadores, quedaron sellados en un objeto que el mundo había dejado atrás sin ceremonia de despedida ni nota de disculpa a los países que habían reorganizado sus economías alrededor de su contenido.

Nosotros también guardamos cosas en disquetes. Los que estudiamos economía en los ochenta y noventa, o trabajamos cerca de quienes la aplicaban, o trabajamos como consultores empresariales, o simplemente vivimos en países que la recibieron como receta científica, y en América Latina esa categoría incluye prácticamente a cualquiera que haya prestado atención, aprendimos un conjunto de verdades que llegaban con el respaldo institucional más sólido disponible. Libre comercio. Privatización. Disciplina fiscal. Mínima intervención estatal. No era ideología, nos decían. Y nos decíamos. Era ciencia. Era lo que los datos mostraban. Era lo que distinguía a los economistas serios de los que todavía creían que el Estado podía asignar recursos mejor que el mercado.

El talismán funcionaba con una elegancia que, vista en retrospectiva, merece admiración casi estética: bastaba invocar la técnica para clausurar el debate político. No se trataba de una elección entre modelos de desarrollo con beneficiarios distintos y costos distribuidos de manera diferente, eso hubiera sido política, y la política era precisamente lo que el nuevo consenso venía a superar. Se trataba de ciencia aplicada. De ingeniería económica. De adultos en la sala tomando decisiones difíciles que los sentimentales y los populistas no tenían el estómago para tomar. El lenguaje de la neutralidad técnica fue, en ese sentido, el más eficaz instrumento político del siglo veinte tardíos: nadie vota en contra de las matemáticas.

En ese clima intelectual, la CEPAL de los años sesenta, con su teoría de la dependencia, su apuesta por la industrialización dirigida, su argumento de que el libre comercio entre economías asimétricas no produce convergencia, sino que la destruye, fue tratada con el mismo rigor analítico que se reserva para los panfletos. Mencionar a Prebisch en ciertos círculos académicos de los noventa producía el mismo efecto discretamente reprobatorio que citar a Mao en una junta de accionistas. La política industrial no era simplemente una mala idea: era una idea moralmente sospechosa, el residuo intelectual de una época que había confundido el desarrollo con el control, la planificación con el progreso, el Estado con la solución. Que Corea del Sur hubiera construido su potencia industrial con intervención estatal masiva y sistemática, o que Taiwán hubiera desarrollado su industria de semiconductores con una política industrial tan dirigida que haría sonrojar a cualquier planificador soviético, eran datos que el modelo procesaba con la misma fluidez con que un disquete procesa un archivo de 2026: es decir, no los procesaba. Mientras tanto China planificaba, usaba al mercado en esa planificación y… crecía.

La pregunta que el prefacio de ese informe no formula, porque Washington aprendió hace mucho que las preguntas incómodas se administran mejor en notas al pie, es más perturbadora que cualquier cifra de crecimiento regional. Si el consejo de 1993 tiene hoy el valor práctico de un disquete; ¿qué certeza razonable nos asiste sobre el consejo de los años que siguieron? ¿Y el de los que vinieron después? ¿En qué momento exacto el disquete dejó de ser el futuro y empezó a ser el pasado, y quién en esa sala sobre la calle H sabía la diferencia? ¿Y quién, sabiéndola, eligió no decirla?

Nadie respondió esas preguntas. Publicaron 276 páginas y siguieron adelante.

El catecismo que nadie firmó

La pregunta que Washington no respondió tiene, sin embargo, una respuesta. No es cómoda, pero tampoco es secreta: estaba disponible para quien quisiera leerla, aunque leerla requería estar dispuesto a concluir que el consenso más influyente de la segunda mitad del siglo veinte no era ciencia aplicada sino política aplicada con nomenclatura científica. La diferencia no es menor. La ciencia, cuando se equivoca, corrige. La política, cuando se equivoca, busca otro nombre para el mismo error.

El libre mercado puro, en tanto receta de desarrollo, tiene un problema empírico que sus defensores resolvieron con una elegancia que merece reconocimiento: nunca existió en los países que lo recomendaban. No es una acusación heterodoxa ni una provocación de cátedra. Es un registro histórico disponible en cualquier biblioteca que tenga acceso a datos arancelarios del siglo diecinueve. El Reino Unido protegió su industria textil con barreras que habrían escandalizado a cualquier tecnócrata del Banco Mundial de los noventa. Estados Unidos mantuvo aranceles industriales promedio superiores al cuarenta por ciento durante casi un siglo, el siglo preciso en que construyó la economía más grande del mundo, y recién abrazó el libre comercio cuando su industria ya no necesitaba protección porque no tenía competencia real. La secuencia no es un detalle menor. Es el argumento completo.

Ha Joon Chang lo documentó con una precisión que el establishment académico recibió con la misma calidez que una auditoría sorpresa: los países ricos, escribió, habían pateado la escalera. La subieron, llegaron arriba, y después la retiraron. No por malicia necesariamente, aunque la malicia no puede descartarse del todo, sino porque una vez arriba la escalera deja de ser una herramienta y se convierte en una amenaza. La escalera no desapareció. Simplemente la subieron ellos primero y después la retiraron. Algo que también ocurrió con la educación superior pública: cuando se trataba de educar a los hijos de la élite, nadie cuestionaba su existencia ni su financiamiento. Cuando llegó la hija de la muchacha a sentarse junto al hijo del dueño del conglomerado financiero, de pronto empezaron a aparecer las ineficiencias.

Corea del Sur construyó sus chaebols, esos conglomerados industriales que hoy producen desde semiconductores hasta buques petroleros, con una intervención estatal tan sistemática y tan dirigida que cualquier manual del Consenso de Washington la hubiera clasificado sin dudar en el capítulo de patologías a corregir. El Estado coreano no se limitó a “crear condiciones“: eligió sectores, canalizó crédito, protegió mercados, castigó el fracaso y premió la escala. Taiwán hizo lo mismo con los semiconductores, con una política industrial tan deliberada que la industria que hoy tiene al mundo entero negociando su seguridad geográfica no hubiera existido sin un Estado que decidió, en un momento preciso, que iba a existir. Singapur, el caso favorito de quienes necesitaban un ejemplo asiático compatible con la ortodoxia, es en realidad un Estado que planifica, interviene y dirige con una eficiencia que ningún mercado libre hubiera producido por su cuenta, y que presenta esa intervención con una narrativa de apertura comercial tan bien construida que logró convencer durante décadas a personas que debían saber mejor.

Y luego está Noruega. No un tigre asiático de los años sesenta, no una economía de posguerra reconstruyéndose desde las ruinas, no un caso “irrepetible“ por razones culturales o geográficas que el modelo siempre tenía disponibles como escape. Noruega, hoy, en el presente, administra el fondo soberano más grande del mundo, un billón de dólares acumulados sobre una decisión que ningún tecnócrata del Consenso hubiera aprobado: nacionalizar el petróleo, no privatizarlo, y usar la renta para construir riqueza pública intergeneracional en lugar de entregarla al mercado para que la asignara con su proverbial eficiencia. El fondo noruego no es una anomalía que el modelo puede procesar como excepción. Es la refutación más cara del mundo, valorizada en tiempo real en las pantallas de Bloomberg que leen cada mañana los mismos analistas que en los noventa recomendaban no intervenir.

El patrón es demasiado consistente para ser casualidad y demasiado conveniente para ser error. Los países que llegaron primero al desarrollo lo hicieron con las herramientas que después declararon ilegítimas. La doctrina que el Banco Mundial distribuyó desde Washington no describía cómo los países ricos se habían desarrollado. Describía, con la autoridad que da el tamaño de la cartera de préstamos, cómo los países pobres debían comportarse una vez que los países ricos ya habían terminado de desarrollarse. No era un manual de ascenso. Era un manual de orden.

Que esto haya sido evidente para algunos desde el principio es un dato que el informe de 276 páginas prefiere administrar con discreción. Hay instituciones que pueden admitir que se equivocaron en el diagnóstico. Lo que ninguna institución admite fácilmente es que el diagnóstico era conveniente.

El costo de la fe

América Latina creció 2.1% en 2025. El Banco Mundial lo registró con la ecuanimidad estadística que caracteriza a las instituciones que aprendieron a entregar malas noticias en tipografía uniforme, sin cursivas, sin signos de exclamación, sin ningún elemento gráfico que sugiera que el dato merece algo más que una lectura diagonal en el vuelo de regreso a Washington. “Barely growing“, dice el informe regional, con esa precisión del eufemismo técnico que logra decir todo y no decir nada al mismo tiempo. La región que durante tres décadas aplicó con más disciplina, más convicción y más costo social el modelo que el Banco predicaba, es la misma región que en 2026, cuando el Banco publica 276 páginas admitiendo que el modelo tenía el valor práctico de un disquete, crece menos que el promedio mundial y más despacio que sus propias necesidades demográficas. La coincidencia es, como mínimo, digna de nota.

Pero las cifras son el paisaje, no la historia. La historia tiene rostros.

Ricardo Lagos terminó su presidencia en Chile con uno los índices de aprobación más altos de la historia democrática del país y con el empresariado local convencido de que había sido, en el fondo, uno de los suyos. No es un juicio moral. Es una descripción. El mismo hombre que llegó al gobierno con las credenciales intelectuales de la centroizquierda latinoamericana gobernó con una ortodoxia económica tan prolija que sus propios críticos de derecha encontraban difícil articular objeciones técnicas. Sus asesores, los economistas y consultores que diseñaron e implementaron esa ortodoxia con la convicción de los que saben, siguieron trayectorias que en retrospectiva tienen una coherencia que en su momento no era del todo visible. Algunos militan hoy en una de las derechas más dura del continente, asesores o simpatizantes del proyecto del nuevo presidente de Chile, José Kast. Ese sector político que no tiene inconveniente en hacer explícito lo que el consenso de los noventa prefería mantener en el registro de la técnica. Otros encontraron acomodo en consejos de administración de las empresas que durante los noventa recibieron, a precios que la historia ha ido revisando, los activos que los Estados latinoamericanos vendieron porque el modelo indicaba que debían venderlos. No es una traición. Es una llegada. El instrumento técnico siempre tuvo un centro de gravedad político, y quienes lo aplicaron con más convicción simplemente terminaron donde ese centro de gravedad los llevaba, con la tranquilidad de quienes nunca necesitaron revisar el mapa porque el destino era el correcto desde el principio.

Y luego está el caso que el modelo no puede procesar sin cortocircuitarse. Marcos Galperín, fundador de Mercado Libre, empresario más rico de Argentina, residente fiscal en Uruguay por razones que él mismo no ha necesitado explicar con demasiado detalle, es uno de los defensores más activos y más ruidosos del desmantelamiento del Estado, del libre mercado sin interferencias y del proyecto político de Javier Milei, el presidente que convirtió la motosierra en símbolo electoral y el laissez-faire en teología de campaña. Lo que el balance de 2024 de la propia Mercado Libre, presentado ante la SEC estadounidense, registra con la frialdad contable que tienen los documentos que nadie espera que nadie lea, es que en los últimos tres años la empresa recibió exenciones impositivas del Estado argentino por casi 250 millones de dólares, más de 100 millones por año, bajo un régimen de promoción de la “economía del conocimiento” que sobrevivió sin modificaciones sustanciales a la llegada de la motosierra. El gobierno de Milei, el mismo que no tiene plata para las universidades públicas donde se formó el 60% de los empleados argentinos de Mercado Libre, sí tiene plata para Galperín. La paradoja no necesita comentario. De hecho, el comentario la arruinaría. Aunque conviene precisar que la historia de Galperín y el dinero público no tiene su origen en la era de la motosierra: Mercado Libre nació y creció bajo el amparo del mismo Estado que su fundador lleva años denunciando, con subsidios que atravesaron sin interrupción los gobiernos de Kirchner, Macri, Fernández y Milei. El libre mercado, para Galperín, empieza después de cobrar.

Y ya que estamos en Argentina, miremos a Buenos Aires, el Fondo Monetario Internacional cofinancia un esquema de tipo de cambio artificialmente administrado para sostener la estabilidad política de ese mismo gobierno que se presenta ante el mundo como la vanguardia del anti-intervencionismo global. El FMI, que en otras latitudes y en otras décadas habría llamado a eso “distorsión de precios“ con toda la reprobación técnica del caso, lo llama hoy “programa de estabilización.” La nomenclatura cambia. La intervención, no.

El “nosotros“ que se compró el modelo no lo hizo por ingenuidad ni por corrupción intelectual. Lo hizo porque el modelo venía con las mejores credenciales disponibles, con el respaldo de las instituciones más respetadas, con el lenguaje de la ciencia y la promesa del desarrollo. Lo hizo porque era lo que hacían los que sabían. Y ahora el economista jefe de una de esas instituciones escribe en un prefacio que el consejo de 1993 tiene el valor práctico de un disquete, y la pregunta que eso instala no es sobre Washington ni sobre el Banco ni sobre los tecnócratas que aplicaron el modelo con más entusiasmo del estrictamente necesario.

La pregunta es qué hacemos con los treinta años que ya ocurrieron.

Sin nota al pie

En algún momento de las próximas semanas, en algún ministerio de economía de América Latina, un funcionario recibirá un documento del Banco Mundial. Llegará con el mismo membrete institucional de siempre, con la misma tipografía que durante tres décadas distribuyó las instrucciones del modelo. El documento se llama Industrial Policy for Development y contiene, ordenados con la prolijidad taxonómica que caracteriza a las instituciones que necesitan parecer neutrales incluso cuando han dejado de serlo, quince instrumentos de política industrial que los gobiernos pueden usar para moldear sectores, dirigir inversión, proteger mercados y construir capacidades productivas. El catálogo completo de lo que durante tres décadas el mismo membrete clasificó, con la misma prolijidad, en el capítulo de patologías a corregir.

Lo que ese funcionario tiene en las manos, aunque el documento se cuide muy bien de no decirlo, no es una idea nueva. Es una idea muy vieja a la que le cambiaron el membrete. La socialdemocracia europea la practicó durante décadas para construir los estados de bienestar que hoy se usan como referencia de desarrollo humano. La CEPAL la sistematizó para América Latina en los años sesenta con una precisión que en su momento fue tratada como ideología y que en este documento de 2026 aparece, con leve retouch tipográfico, como recomendación técnica. Pero hay un dato que el nuevo informe tampoco menciona en ninguna nota al pie, un dato que la historia regional registra con una claridad que la economía académica prefiere procesar como anomalía: las políticas de la CEPAL, donde se aplicaron, funcionaron. No completamente. No sin problemas. Pero funcionaron.

Chile exporta fruta a medio mundo y tiene una industria minera que es columna vertebral de su economía porque en los años sesenta hubo políticas deliberadas de desarrollo sectorial que construyeron esa capacidad. Cuando llegaron los Chicago Boys, desacreditaron a la CEPAL con la eficiencia retórica que los caracterizaba, pero no tocaron la política minera ni la agraria. No porque fueran inconsistentes, sino porque eran perfectamente consistentes: la intervención estatal que producía exportaciones y divisas era intocable, y la que producía industria nacional para el mercado interno era intervencionismo inaceptable. La diferencia no era técnica. Era sobre quién se quedaba con qué. Argentina es el otro lado del mismo argumento, el caso que el consenso usó durante décadas como prueba de que la política industrial no funcionaba, cuando lo que Argentina demostró en realidad es algo más específico y más incómodo: que la política industrial capturada por la alianza entre empresarios que preferían la renta a la competitividad y políticos que preferían la colusión al desarrollo produce exactamente los resultados que produce. No falló el instrumento. Falló la institucionalidad que debía administrarlo, que encontró en la protección indefinida un negocio más cómodo que la industrialización real. El fracaso argentino no es el fracaso de la política industrial. Es el fracaso de aplicarla a medias, por las razones equivocadas, para los beneficiarios equivocados.

Lo que el Banco Mundial hace en 2026, entonces, no es inventar nada. Es sistematizar, con sus quince instrumentos y sus 276 páginas, el uso integral de lo que la región aplicó de manera fragmentada, capturada y parcial durante décadas. Es, en su función real, un Libro Rojo. No el de Mao, aunque la ironía de la comparación tiene una precisión que no es del todo accidental: es el libro que contiene las instrucciones que los países que más crecen en el mundo aplicaron con disciplina mientras el Banco le decía a otros que eran herejía. Corea del Sur no esperó este documento. Taiwán tampoco. Singapur tampoco. China, que planificaba, usaba al mercado en esa planificación y crecía, definitivamente tampoco. La diferencia entre esos países y América Latina no es cultural ni geográfica ni de dotación de recursos. Es que ellos aplicaron el catálogo completo cuando todavía había tiempo, y nosotros recibimos el catálogo completo treinta años tarde, envuelto en el mismo papel membretado que antes nos había explicado por qué no debíamos leerlo.

Lo que el nuevo documento no contiene es una nota al pie. No hay, en sus páginas, ninguna sección dedicada a reconocer que los países que más necesitan hoy construir política industrial son precisamente los que durante más tiempo fueron disuadidos de hacerlo. No hay un cálculo del costo de oportunidad de las tres décadas perdidas, no hay una estimación de cuánta capacidad institucional se desmanteló siguiendo instrucciones anteriores del mismo remitente, no hay una línea que conecte el 2.1% de crecimiento regional con el catecismo que lo produjo. El informe mira hacia adelante con la serenidad de quien no necesita mirar hacia atrás porque hacia atrás no hay nada que le pertenezca.

Esa es, en el fondo, la diferencia entre una institución que corrige un error técnico y una institución que administra su propia impunidad intelectual. El error técnico se corrige con datos nuevos, con modelos revisados, con la honestidad de quien dice “nos equivocamos en el diagnóstico y aquí está el diagnóstico nuevo.“ La impunidad intelectual se administra de otra manera: se publica un documento nuevo con el mismo tono de autoridad que el anterior, se omite cualquier conexión entre ambos, y se confía en que la distancia temporal entre el consejo que arruinó y el consejo que repara sea suficiente para que nadie exija que alguien firme la nota al pie que falta.

El disquete no era el problema. El problema era lo que había adentro, y quién decidió en qué formato guardarlo, y quién se benefició de que durante treinta años nadie tuviera la ranura para leerlo, y quién se beneficia ahora de que el nuevo formato llegue sin manual de instrucciones para los que perdieron la capacidad de leerlo mientras esperaban que alguien les explicara por qué el anterior no abría.

Hay cosas que una institución puede hacer sin disculparse. Cambiar de opinión es una de ellas. La otra es cobrar por ambas.

Nota del autor: Me compré el modelo. Había leído sobre los tigres asiáticos desde fines de los ochenta, tenía los datos, conocía los casos. Me dejé llevar de todas formas por la certeza que da pertenecer al consenso de los que saben. Estas línea tienen su origen en una conversación reciente con un ex colega, uno de muchos profesionales rigurosos y honestos de nuestra generación que siguen defendiendo con convicción las recetas que el médico acaba de retirar de circulación. No es terquedad ni ignorancia. Es algo más difícil de resolver: cuando una idea te dio identidad intelectual durante treinta años, su colapso no llega como dato nuevo. Llega como pérdida.