La Ira de Dios

Volver a expulsar a los mercaderes del templo.

Cuando el malestar dejó de ser una percepción

Hubo un tiempo —no tan lejano— en que el malestar social se trataba como un problema de comunicación. Algo que podía corregirse con mejores gráficos, más pedagogía y un tono empático bien ensayado. Si la gente estaba incómoda, se asumía que no había entendido del todo. El dato estaba bien; lo que fallaba era la explicación.

Durante años, la política confundió estabilidad macroeconómica con tranquilidad social. Mientras las planillas cerraban, se daba por descontado que la vida cotidiana debía acompañar. Si no lo hacía, el problema era cultural, psicológico o, en el peor de los casos, populista. El malestar pasó a ser una percepción desalineada, una sensación exagerada frente a indicadores que, en rigor, “iban bien”.

La vida real, como suele ocurrir, no se dio por aludida.

El salario empezó a perder contra el alquiler, el alquiler contra la tarifa y la tarifa contra cualquier proyección razonable de futuro. No fue una catástrofe súbita, sino un desgaste persistente. De esos que no generan estallidos inmediatos, pero sí una fatiga acumulada. La política, fiel a su diagnóstico, respondió con seminarios, explicaciones y llamados a la paciencia. El malestar, ingrato, siguió avanzando.

Ahí se produjo el desplazamiento decisivo: el sufrimiento dejó de ser un dato incómodo y pasó a ser una variable opinable. Algo que podía relativizarse, contextualizarse o directamente corregirse desde el discurso. La política no negó la dificultad; la reinterpretó. No dijo “no pasa nada”, dijo algo peor: “pasa, pero no tanto”.

Ese gesto, presentado como responsabilidad, fue leído de otra manera fuera de los despachos. Cuando la experiencia cotidiana contradice de forma sistemática el relato oficial, el problema ya no es la comunicación. Es la credibilidad. Y cuando la credibilidad se erosiona, el terreno queda listo para cualquiera que esté dispuesto a nombrar el malestar sin pedir disculpas.

La ultraderecha no inventó ese clima. Lo encontró servido. No creó la frustración; la tradujo en enemigos visibles. Migrantes, minorías, “vagos”, “parásitos”. El señalamiento fue burdo, pero eficaz. Frente a una política que trataba el malestar como una percepción, apareció otra dispuesta a tratarlo como una ofensa.

El progresismo institucional reaccionó tarde y mal. Insistió en que los datos desmentían la experiencia. Que el crecimiento estaba ahí, aunque no se notara. Que la inflación era transitoria. Que la desigualdad no era para tanto. Que había que esperar. La gente, mientras tanto, esperaba… y ajustaba su voto.

No se trató de una falta de sensibilidad, sino de un error más profundo: creer que el malestar podía discutirse como si fuera una opinión. Como si la pérdida de horizonte fuera una impresión subjetiva y no una vivencia repetida. Como si la precariedad fuera un estado de ánimo. Cuando el malestar se vuelve experiencia, discutirlo es un lujo. Y tratarlo como percepción es, directamente, una provocación.

La política aprendió demasiado tarde que los datos no compiten con la heladera vacía ni con el alquiler que vence. Tampoco con la sensación —cada vez más extendida— de que el esfuerzo dejó de tener recompensa. En ese punto, el problema ya no es narrativo. Es estructural. Y persistir en la pedagogía cuando lo que falta es protección equivale a seguir explicando mientras el piso cede.

Ahí empieza todo lo que viene después.

Gobernar sin adversarios

Durante años se insistió en que la política debía bajar el tono. Que el conflicto era un exceso retórico y la confrontación, una forma de inmadurez democrática. Gobernar, se decía, consistía en desescalar. La premisa era elegante: si nadie pelea, nadie pierde. El detalle es que alguien ya estaba ganando.

La moderación se convirtió en un ideal en sí mismo. No importaba qué se moderaba ni frente a quién. Importaba el gesto. Nombrar adversarios empezó a parecer de mal gusto; señalar intereses concretos, una torpeza. La política responsable debía elevarse por encima del conflicto, como si el conflicto fuera una opción estilística y no la materia prima de toda disputa social.

Mientras tanto, otros entendieron algo elemental: que la política no se suspende porque alguien decida comportarse bien.

Así se consolidó una escena peculiar. De un lado, dirigentes empeñados en administrar una realidad que ya no controlaban; del otro, actores dispuestos a disputarla sin pedir permiso. Unos ofrecían contexto, matices y prudencia; otros ofrecían culpables. No eran explicaciones más sofisticadas, pero sí más claras. Y en épocas de fatiga social, la claridad suele cotizar mejor que la complejidad.

Gobernar sin adversarios empezó a presentarse como una virtud republicana. La confrontación fue rebautizada como “polarización”, una palabra lo suficientemente amplia como para condenar cualquier gesto incómodo sin entrar en detalles. Si todo conflicto es malo, ya no hace falta discutir de qué conflicto se habla ni a quién beneficia su ausencia.

El caso de Pedro Sánchez funciona como manual involuntario y en tiempo real. Cada vez que intenta refugiarse en el centro y moderarse, la derecha franquista avanza. Cada vez que confronta —banca, rentas, aparato mediático, ultraderecha— logra mantenerse a flote y avanzar. No porque pelear sea agradable, sino porque gobernar implica decidir contra alguien. La moderación, cuando no tiene fuerza detrás, no ordena: deja expuesto al que la practica.

En Estados Unidos, Joe Biden llevó la lógica de la moderación a su versión más ambiciosa. Gobernar para todos. Unir, sanar, cerrar heridas. El resultado fue menos terapéutico de lo esperado. La derecha no se volvió razonable por cortesía y la base propia no encontró motivos para defender con entusiasmo a un gobierno que parecía pedir disculpas por existir. La política sin adversarios no pacificó el sistema; lo dejó sin anticuerpos.

La fantasía de que el conflicto puede administrarse sin ejercerlo descansa sobre un supuesto cómodo: que los intereses en juego aceptarán la moderación como regla compartida. La experiencia reciente sugiere lo contrario. Cuando una parte renuncia a confrontar, no se alcanza un equilibrio superior; se consolida una ventaja previa.

La palabra “polarización” volvió a cumplir aquí su función más eficaz: igualar conductas desiguales. Si todos polarizan, nadie es responsable. Si todo enfrentamiento es condenable, el problema deja de ser quién lo inicia o con qué fines. El concepto opera como detergente moral: lava las manos y preserva el statu quo.

Gobernar sin adversarios no eliminó el conflicto social. Lo desplazó. Lo privatizó. Mientras la política se esforzaba por parecer razonable, otros ocuparon el espacio con respuestas simples y enemigos claros. No eran mejores respuestas; eran respuestas. Y eso, en política, suele ser suficiente.

El error no fue ético. Fue estratégico. Confundir civilidad con desarme es un lujo que solo puede darse quien no está en disputa. Cuando un gobierno no tiene adversarios explícitos, casi siempre es porque los adversarios ya eligieron a otro.

El odio financiado

Durante años se repitió que el problema era el odio. Que la política había perdido el centro porque había cedido a la tentación del enfrentamiento. Que toda confrontación era una forma degradada de hacer política. La premisa era cómoda: si el conflicto es el mal, basta con evitarlo. El inconveniente es que el conflicto no desapareció. Fue tercerizado.

La confusión no fue ingenua. Se mezcló todo en una misma bolsa moral: odio, antagonismo, disputa de intereses. El resultado fue una equivalencia tranquilizadora: señalar culpables reales pasó a ser tan reprobable como inventarlos. Nombrar a quien fija precios y a quien cruza una frontera empezó a parecer, para el discurso dominante, una misma cosa. El problema dejó de ser la mentira y pasó a ser el acto mismo de señalar.

La ultraderecha entendió rápido la ventaja de esa confusión. No se limitó a canalizar el malestar: lo redireccionó con método. Mostró al trabajador que su precariedad era culpa de otro trabajador más pobre. Al inquilino, que el enemigo era el “ocupa” o el recién llegado. Al precarizado, que competía con alguien todavía más precario. La ira circuló hacia abajo con notable eficacia. Mientras tanto, nadie miraba quién financiaba el dispositivo. Nadie miraba hacia arriba.

Ahí conviene aplicar una regla elemental, mucho más útil que cualquier análisis cultural: sigue la ruta del dinero. No para explicar la desigualdad —eso ya quedó establecido—, sino para entender quién financia el discurso de odio y por qué. Cuando se sigue esa ruta, el mapa deja de ser confuso y se vuelve repetitivo.

A escala global, el patrón es explícito, y hoy resulta imposible ignorarlo tras la publicación de los llamados Archivos Epstein. La ultraderecha contemporánea no es una suma de exabruptos nacionales, sino una arquitectura política y financiera transnacional. La relación entre Steve Bannon y Jeffrey Epstein no es una anécdota escabrosa ni un accidente biográfico: es una muestra de cómo capital opaco, redes de influencia y moralismo furioso conviven sin fricciones cuando el objetivo es estructurar poder reaccionario a escala global. El odio no emerge: se organiza. Y se organiza con recursos, contactos y objetivos precisos.

En España, el mecanismo no es menos obsceno ni menos brutal; es más prolijo. El discurso que culpa al débil no flota en el aire: se financia. Mercadona no es una metáfora del poder de mercado; es uno de sus actores concretos, y Santiago Abascal no es un fenómeno espontáneo, sino su traducción política. La retórica se presenta como antisistema, pero el dinero que la sostiene es impecablemente sistémico. En Chile, grupos empresariales como el Grupo Ibáñez no apuestan a la ultraderecha por fervor cultural, sino por racionalidad económica: la guerra cultural es una inversión eficiente para preservar rentas, desregular conflictos laborales y mantener fuera de discusión a quienes concentran poder.

Ese dispositivo necesita, además, una capa de legitimación discursiva. Ahí aparecen figuras como el pseudo-intelectual Axel Kaiser y otros de su especie, aunque en su caso la operación resulte más burda y, por eso mismo, más ilustrativa. Se los presenta como rebeldes cuando en realidad cumplen una función mucho más concreta y eficiente: blanquear intereses. No analizan la realidad; la reducen hasta hacer desaparecer el rastro del dinero. No producen pensamiento crítico; producen coartadas. Su valor no es teórico, sino operativo: ofrecerle al financista un relato respetable y al odio una gramática aceptable.

El odio cumple así una función precisa: ocultar a quienes lo financian. Convierte un problema político en una pelea entre perdedores y desplaza la ira lejos de los beneficiarios reales de ese desplazamiento. No es un exceso del discurso: es su razón de ser.

Por eso el conflicto verdadero resulta tan molesto. No porque divida, sino porque apunta. Y por eso se lo descalifica con tanta rapidez. Si todo señalamiento es “polarizante”, entonces nadie tiene que explicar por qué pone dinero para que otros señalen al culpable equivocado.

El problema, entonces, no es el odio. Es para quién trabaja. Y cuando la política renuncia a seguir la ruta del dinero, alguien más se encarga de marcar la ruta del resentimiento. Casi siempre hacia abajo. Casi siempre para que los de siempre sigan intactos.

La violencia que no se nombra

Por eso hay violencias que escandalizan porque interrumpen el orden, y otras que tranquilizan precisamente porque lo perfeccionan. Las primeras suelen aparecer en los noticieros; las segundas, en los contratos. No levantan la voz ni rompen vidrios. Ajustan tarifas, actualizan alquileres, “sinceran” precios y redefinen condiciones con un lenguaje tan correcto que termina pareciendo inevitable. Son violencias educadas. De las que no se gritan: se firman.

Como contraste emerge otra escena, la de Cristo y los mercaderes del templo, aunque tradicionalmente se la cite con una delicadeza que roza la falsificación piadosa. Se la presenta como una metáfora espiritual, casi decorativa. Pero el episodio es de una literalidad incómoda: Cristo entra al templo, ve un espacio común convertido en mercado y actúa en consecuencia. No convoca a una mesa de diálogo, no propone incentivos alternativos, no sugiere una transición ordenada. Hace un látigo y los echa. A golpes y a gritos. No por groseros, sino por haber transformado lo común en un negocio privado.

Ese gesto suele incomodar más que cualquier parábola. Porque obliga a admitir algo que el progresismo contemporáneo prefiere olvidar: hay momentos en que la justicia no se administra, se impone.

Hoy no solo es legítimo, sino deseable, recuperar esa tradición. La democracia no es un mercado: es un templo de ciudadanía. Y cuando los mercaderes lo invaden, no lo gestionan mejor; lo corroen. El látigo contemporáneo no es simbólico. Son impuestos que dejan de ser cosméticos y pasan a ser redistributivos. Controles de precios cuando el mercado deviene cartel. Regulaciones que disciplinan rentas extraordinarias. Oferta pública directa de servicios allí donde la intermediación privada solo encarece y excluye. Supermercados públicos. Vivienda pública protegida. Inversión estatal en sectores estratégicos. El conflicto no se modera: se ejerce.

Nada de esto es comunismo ni populismo, por más que así se lo etiquete para evitar discutirlo. Es la fórmula aplicada —con notable éxito— en Singapur, Corea del Sur, Taiwán, Vietnam, China y, con menos épica pero igual convicción, en los Estados Unidos cuando define sectores “estratégicos”. La diferencia es elemental: no se trata de crear rentas para una minoría, sino de socializar los beneficios del crecimiento.

Combatir a la ultraderecha con buenas formas es concederle una ventaja estratégica. No se la enfrenta con pedagogía ni con llamados a la moderación, sino con política material que altere relaciones de poder. Con leyes que toquen intereses, contratos que se reescriban, privilegios que se pierdan. La confrontación no es retórica: es presupuestaria, fiscal, regulatoria. Y también es discursiva. Porque el poder no solo se ejerce: se nombra.

Desde los Evangelios hasta la doctrina social de la Iglesia, la línea es sorprendentemente clara, aunque hoy resulte incómoda recordarla. No se trata de caridad, sino de justicia. No de aliviar al caído, sino de señalar a quien lo empujó. Rerum Novarum, promulgada por León XIII, no fue un llamado a la benevolencia privada, sino una acusación directa contra un orden económico que producía miseria como norma. La Iglesia —al menos en esa tradición— no se colocó del lado de la limosna, sino del conflicto social explícito. La caridad consuela; la justicia incomoda.

Hubo dirigentes que entendieron que la neutralidad era una ficción peligrosa. Franklin D. Roosevelt fue uno de ellos. En 1936, en plena crisis, cuando el capital exigía moderación y buenos modales, eligió otra cosa. Dijo, sin rodeos: “Ellos son unánimes en su odio hacia mí, y yo le doy la bienvenida a ese odio”. No fue una bravuconada. Fue una definición política. Roosevelt entendió que el odio del poder concentrado no es un accidente del liderazgo democrático, sino muchas veces su prueba de autenticidad.

La fuerza no desaparece cuando se la niega. Cambia de manos.

Cuando la política democrática renuncia a ejercer conflicto vertical, no elimina la violencia: la terceriza. Cuando se rehúsa a expulsar mercaderes, otros empuñan el látigo. No contra el poder, sino contra los cuerpos disponibles. No para restablecer un pacto social, sino para imponer obediencia. La tibieza, presentada como prudencia institucional, termina siendo una forma refinada de corrección política: permite dormir tranquilo mientras el látigo sigue funcionando, siempre que lo use otro y siempre que golpee hacia abajo.

La pregunta, entonces, no es si la política debe usar fuerza. La fuerza ya está en uso. La única pregunta relevante es quién la ejerce, contra quién y en nombre de qué idea de justicia. Seguir fingiendo que esa decisión puede posponerse es, a esta altura, una forma elegante de abdicar.

La justicia que llega tarde, pide permiso y cuida las formas suele ser otra cosa.
No justicia: administración prolija de una derrota previa.

El precio de señalar a los mercaderes

Hay una forma sencilla —y bastante menos teórica de lo que suele creerse— de comprobar si el conflicto que se propone es real o apenas retórico: observar la reacción del poder cuando alguien se atreve a ejercerlo. No hace falta un tratado. Basta con mirar qué ocurre cuando se nombra a los mercaderes con nombre y apellido.

En ese sentido, Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez funcionan menos como referentes ideológicos que como instrumentos de medición. No gobiernan el sistema. No lo controlan. Pero cada vez que señalan fortunas obscenas, rentas concentradas, farmacéuticas, bancos o especulación inmobiliaria, el sistema reacciona con una previsibilidad casi didáctica. No discute el fondo: cuestiona el tono. No rebate el diagnóstico: denuncia la “polarización”.

El procedimiento es siempre el mismo. Se los acusa de irresponsables, de extremos, de dividir a la sociedad. No porque estén equivocados, sino porque apuntan. Y cuando alguien apunta hacia arriba, la neutralidad desaparece de inmediato. Los medios se alinean, los donantes se inquietan, el establishment recupera súbitamente el lenguaje de la prudencia. La reacción confirma la tesis: el conflicto vertical no es una exageración ideológica, es una amenaza material.

Ese es el punto que el progresismo moderado se resiste a asumir. Cree que el problema es el exceso de tono, cuando en realidad es el objeto del señalamiento. No molesta la ira; molesta su dirección. No incomoda la confrontación; incomoda que se dirija contra quienes durante décadas no tuvieron que defenderse de nada.

Por eso la neutralidad es una ficción confortable. Nunca existió. Fue, en el mejor de los casos, un privilegio de quienes no estaban en disputa. Cuando alguien decide no elegir bando, no suspende el conflicto: ratifica el orden previo. Y cuando la política renuncia a ejercer fuerza contra el poder económico, esa fuerza no se evapora: se recicla en forma de resentimiento dirigido hacia abajo.

Ahí aparece la trampa de la clase media y de los moderados. Ambos son igualmente despreciados por la ultraderecha y nunca son aceptados como clase dirigente. Solo son tolerados cuando conviene. Pero son los primeros en pagar el precio de la “desregulación”, de las “liberaciones” y de las privatizaciones. La moderación no los protege: los desarma.

El episodio del templo vuelve entonces con toda su crudeza. No como alegoría piadosa, sino como advertencia política. Cristo no negocia con los mercaderes. No los invita a autorregularse. No les propone responsabilidad social empresarial. Los expulsa. Y no después de purificar el lenguaje, sino antes. La paz viene después de la expulsión, no antes.

Ese orden fue invertido. Primero se pide calma, luego consenso, luego diálogo. Y mientras tanto, los mercaderes siguen operando. El progresismo ofrece modales donde se necesita decisión; pedagogía donde hace falta fuerza; administración donde se requiere ruptura. La consecuencia no es estabilidad, sino desplazamiento del conflicto.

La ultraderecha no ocupa un vacío ideológico. Ocupa una renuncia política. No irrumpe porque tenga mejores diagnósticos, sino porque encuentra el espacio libre. Donde podía haber confrontación democrática contra el poder, instala guerra cultural contra los débiles. Donde podía haber redistribución, impone obediencia. No crea el conflicto: lo hereda y lo deforma.

El problema, entonces, no es que falten datos, diagnósticos o explicaciones. Falta asumir que gobernar implica expulsar, no convencer; perder aliados circunstanciales, no sumar aplausos tibios; tocar intereses reales, no tranquilizarlos con lenguaje responsable.

Cuando la política se rehúsa a ese gesto, no se vuelve más civilizada. Se vuelve prescindible. Y cuando se vuelve prescindible, otros deciden por ella, con métodos más toscos y objetivos mucho más claros.

No hay vacío de poder.
Hay poder sin disputa.
Y ese poder, como siempre, no espera.