La Niebla y la Cortina

Salvar la socialdemocracia, salvar la democracia, salvar el orden.

La socialdemocracia como diálogo

Hay una tradición filosófica europea que ha logrado, con una elegancia que conviene reconocer, ofrecer a los lectores cansados de los extremos una posición que se presenta a sí misma como el único adulto sensato en la habitación. Adela Cortina, hace unas semanas publicó en una columna en el diario El País, la formula con precisión académica: la comunidad política como sistema equitativo de cooperación intergeneracional, el Estado social y democrático de derecho como plasmación de la ciudadanía social, la amistad cívica como vínculo entre quienes comparten un proyecto común desde el pluralismo. Rawls sostiene la primera pieza, Marshall la segunda, Habermas la tercera. La arquitectura es impecable. Su virtud principal, quizá la única que le importa a quien la sostiene, es que resulta imposible estar en contra sin quedar automáticamente ubicado en algún extremo indeseable. Es la clase de posición que no busca ganar discusiones. Busca no perderlas nunca. En un salón bien iluminado, con una copa de vino a mano y sin nadie que pregunte por el precio de la calefacción, funciona a la perfección.

La socialdemocracia europea que Cortina defiende opera con la misma serenidad con la que un decano preside un claustro. Como marco moral, une valores irrenunciables: libertad, igualdad, solidaridad. Como programa, propone una economía social de mercado corregida por el Estado, servicios públicos de calidad, cohesión social sin descarte. Frente al MAGA estadounidense, que ha convertido el resentimiento en política exterior, y frente al capitalismo autoritario chino, que ha convertido la vigilancia en modelo de crecimiento, la propuesta aparece, en efecto, como un oasis civilizatorio. Renunciar a ella, escribe Cortina en un momento de énfasis moral, sería un delito de lesa humanidad. La Unión Europea coincide en sus documentos. León XIV, en su reciente visita a España, también. La convergencia es amplia, autorizada, ecuménica. Produce la satisfacción específica de quienes descubren que sus lecturas de juventud siguen ordenando el mundo cuarenta años después. Cuesta imaginar objeciones. La filósofa las contempla y las descarta con la calma de quien ya sabe cuál será la conclusión.

Esta tradición se distingue, además, por el refinamiento de su instrumental descriptivo. Sabe nombrar. Cuando en la sociedad que examina aparecen síntomas incómodos, dispone de un vocabulario preciso para clasificarlos sin sobresaltos: hay desafección, hay posveracidad, hay conceptos mal usados, hay una separación de poderes que algunos amenazan con criticar en público. Los síntomas se catalogan, se ordenan y se atribuyen a un déficit de virtud cívica cuya reparación requiere, sobre todo, más deliberación de calidad. Es un método que exige lecturas, mesa y tiempo. Sus practicantes lo tienen. La sociedad, en general, coopera con paciencia. Los catálogos, se sabe, no tienen prisa.

Hay, sin embargo, momentos en que la sociedad examinada produce fenómenos que el catálogo registra con cierta dificultad. Un rector reconocido, en Chile, tuvo ocasión de aplicar el método al Estallido Social del año 2019, y describió a los cientos de miles que salieron a las calles como una ciudadanía capturada por sus percepciones, incapaz de distinguir la realidad objetiva del malestar sentido. La observación fue publicada en libros y celebrada por lectores que apreciaron el rigor. Ese mismo país exhibía en esos años algunos rasgos que la teoría política contemporánea describe con nombres técnicos, entre ellos mercados de consumo masivo donde el precio se coordina sin necesidad de reunión formal, un sistema previsional cuyas prestaciones habituales resultan insuficientes para sostener al beneficiario, una jurisdicción penal cuya velocidad correlaciona con la posición del imputado, y programas de formación ética para altos ejecutivos que las escuelas de negocios habían venido dictando durante dos décadas. Los rasgos estaban, por así decirlo, en el paisaje. No entraron al diagnóstico. La observación se sostuvo en el registro del comportamiento colectivo: percepciones, sentimientos, disposiciones. Era la lectura correcta desde donde la lectura se hacía.

Es en esta misma tradición donde se inscribe la columna que ocupa a este texto. Todo el andamiaje, por sofisticado que sea, descansa sobre tres premisas silenciosas que sostienen cada línea sin nunca formularse. La primera es que existe una derecha democrática, ubicada dentro del pacto constitucional, dispuesta a competir por el bien común según reglas compartidas. La segunda es que existe un poder económico que, aunque negocie duro, acepta que la justicia distributiva es una obligación de la comunidad política y no una intromisión ilegítima en su libertad. La tercera es que existe una judicatura imparcial cuya única lealtad es al derecho, y cuyas decisiones jamás responden a la orientación política de quien las dicta. Sin estas tres premisas, el modelo se derrumba. Con ellas, todo se resuelve en la calidad del diálogo. ¿Y si alguna de las tres, o las tres, describieran no la España que la filósofa tiene delante, sino la que existe únicamente en la biblioteca donde escribe?

La derecha imaginaria

De las tres premisas silenciosas sobre las que Cortina construye su modelo, la primera es la que la filósofa formula con menor conciencia de estar formulando algo. Se apoya en Habermas y en Rawls como si sus propuestas fueran leyes de la naturaleza aplicables por igual a Fráncfort, a Cambridge, a Madrid y a cualquier otro rincón donde una constitución escrita en el idioma del siglo veinte haya sustituido a un régimen anterior. La premisa dice, sin decirlo, que la comunidad política es un espacio de deliberación entre proyectos que compiten por el bien común aceptando de antemano las reglas del juego, y que la derecha es una interlocutora exigente pero legítima, capaz de perder elecciones y de aceptar derrotas judiciales sin recurrir a la desestabilización del gobierno adversario, dispuesta a competir sin instrumentalizar el aparato del Estado ni el campo mediático que ella controla en mayor proporción. Es una premisa honorable. También es, cosa curiosa, una premisa verificable. Basta con examinar cuarenta años de democracia española y observar si la derecha nacional, en los distintos momentos en que ha perdido el poder o ha corrido el riesgo de perderlo, se ha comportado alguna vez de una manera reconocible desde la biblioteca de la filósofa. La respuesta empírica ha sido, en la mayor parte de esos momentos, curiosamente unánime.

En febrero de mil novecientos noventa y ocho, Luis María Anson, entonces uno de los directores de periódico con más peso en Madrid y una de las figuras culturales más influyentes del conservadurismo español, concedió una entrevista a la revista Tiempo en la que declaró, sin especial rodeo, que durante los últimos años del gobierno de Felipe González la operación de acoso mediático y político dirigida contra el presidente había llegado a un punto en el que, textualmente, estuvo a punto de desestabilizar la Corona con tal de sacar a la izquierda del poder. La confesión llenó portadas durante varios días. Después llenó los archivos. Anson no fue expulsado de ninguna institución. Ningún dirigente del Partido Popular pidió su retirada del debate público. Ninguna facultad de filosofía española convocó un seminario para discutir qué significa, en términos de teoría democrática, que un director de periódico afín al partido opositor reconozca públicamente haber conspirado hasta el límite de la desestabilización institucional. La derecha española, cuya premisa constitutiva es siempre la lealtad a las instituciones, absorbió con serenidad admirable el reconocimiento de que uno de sus intelectuales de referencia había participado en una operación dispuesta a sacrificar la más alta institución del Estado para expulsar del poder a un presidente electo dos veces por mayoría absoluta. La absorción sin costo es más significativa que la confesión misma. Indica que la operación descrita no era ajena al método sino coherente con él. Y una operación coherente con un método no es una excepción moral. Es una regla operativa. Cortina, que en esos años ya escribía sobre ética cívica y sobre las condiciones morales de la deliberación democrática, no dejó registro público de que aquella confesión mereciera un ajuste de sus categorías. La filosofía política tiene, en efecto, la elegancia de operar en un plano donde los acontecimientos empíricos rara vez la interpelan directamente.

La misma serenidad se observa cuando el episodio a examinar es el de los GAL. La filósofa, cuya obra entera se dedica a discernir con notable finura qué merece llamarse democracia sustantiva y qué no, no ha dejado registro público de una reflexión sobre si un gobierno socialdemócrata que activa métodos de terrorismo de Estado heredados del régimen anterior sigue siendo socialdemócrata en el sentido filosófico del término. La pregunta habría sido intelectualmente formidable. Si el gobierno de González, activando los GAL, permanecía dentro del perímetro de la socialdemocracia, entonces el perímetro de la socialdemocracia incluye la guerra sucia como opción de gobierno, lo cual obliga a repensar el concepto entero. Si, por el contrario, quedaba fuera de ese perímetro, entonces el gobierno socialdemócrata español de aquellos años fue socialdemócrata solo nominalmente, lo cual obliga a repensar cuándo un partido pierde el derecho a llamarse como se llama. La pregunta no fue formulada. La filosofía política se ocupó, mientras tanto, de discutir cuestiones de menor voltaje empírico. Y el episodio culminó con un giro que ningún manual habermasiano puede procesar sin sufrimiento: cuando la derecha llegó por fin al poder, tras años de haber acusado al gobierno socialdemócrata de terrorismo de Estado ante los tribunales, ante el Parlamento y ante la prensa internacional, su primer diciembre en el gobierno lo dedicó a indultar a los principales condenados por aquellos hechos. La denuncia no era denuncia. Era instrumento. Y el instrumento se guarda una vez que ha servido. ¿Cuánto tiempo debe transcurrir entre la denuncia por terrorismo de Estado y el indulto de sus responsables para que la denuncia deje de ser conceptualmente confiable? La pregunta queda abierta al lector, que probablemente tenga mejor respuesta que la filósofa.

Ese patrón, examinado a lo largo del tiempo, se repite con una consistencia que ninguna otra fuerza política española exhibe con esa nitidez. Cuando en marzo del año dos mil cuatro el gobierno saliente y su aparato mediático sostuvieron durante veinticuatro horas críticas para el resultado electoral una versión sobre la autoría del mayor atentado terrorista de la historia europea que ellos mismos sabían falsa, no estaban cometiendo un error de comunicación en un momento de nervios, estaban ejecutando la operación que un partido para el cual el Estado de derecho es recurso disponible y no marco vinculante ejecuta cuando su continuidad en el poder está en juego. La operación no terminó ese lunes por la noche. Se prolongó durante años en forma de teoría paralela sobre la autoría real de los atentados, sostenida por medios afines y por dirigentes de peso del partido derrotado, sin que nadie de ese partido marcara distancia con la nitidez que la deliberación democrática habermasiana habría exigido. Habría sido, para una filósofa entrenada en la distinción entre lo que se dice y lo que se hace, un caso de estudio de una precisión inusual: no una mentira suelta ni un bulo de plataforma, sino una versión institucional sostenida por un gobierno durante las horas exactas en que se decide una elección, y prolongada después durante años por el partido y por su ecosistema mediático sin costo político identificable. Es decir, exactamente el fenómeno que Cortina, dos décadas más tarde, describiría con notable finura al distinguir la posverdad de la posveracidad y al observar, con razón, que el problema contemporáneo no es que la ciudadanía haya perdido interés en la verdad, sino que las mentiras públicas de las grandes instituciones ya no tienen consecuencias. La descripción es exacta. También es tardía. El fenómeno llevaba veinte años operando en el país donde la filósofa escribía, y su ejemplo emblemático estaba en la memoria reciente de cualquier lector español. La reflexión, sin embargo, esperó a que un presidente estadounidense de pelo particular ofreciera un ejemplo internacional lo bastante ajeno como para nombrarse sin costos. La posveracidad tiene, en el vocabulario de Cortina, una geografía discreta. Habita en el otro hemisferio y en las redes sociales. Rara vez se aloja en la Moncloa. Casi nunca en la Zarzuela.

El mismo patrón continúa hoy con actualizaciones léxicas menores. Cuando la ultraderechista Ayuso describe el voto de la izquierda como “nacionalización de socialistas“, cuando el actual presidente del Partido Popular Feijóo teoriza sobre la “ingeniería electoral“ para explicar por qué su partido puede perder las próximas elecciones generales que le corresponden por derecho encuestístico, cuando Vox declara ilegítimo al gobierno de Pedro Sánchez con un vocabulario que en la Segunda República habría anticipado el desenlace, no están improvisando. Están ejerciendo la posición constitutiva de la derecha española: las reglas del juego se defienden cuando favorecen y se suspenden cuando estorban. Sobre esa posición, sostenida durante cuatro décadas y por cuatro líderes distintos, no hay pacto habermasiano posible. Y sobre esa posición Cortina construye el andamiaje entero de su propuesta. La incongruencia entre el modelo teórico y el paisaje al que se pretende aplicar es lo bastante robusta como para que la filosofía política contemporánea encuentre ahí uno de sus laboratorios más productivos. También lo bastante robusta como para que la propia derecha, con el sentido del humor histórico que la caracteriza, haya empezado en los últimos años a invitar a Felipe González a sus foros de opinión para que explique al presidente Pedro Sánchez, con voz de estadista socialdemócrata, todo aquello que ella, por decoro histórico, ya no puede decir con la suya. La amistad cívica, cuarenta años después, ha encontrado por fin la mesa donde el vínculo se ejerce con naturalidad. Aunque no sea, exactamente, la mesa que la filósofa tenía en mente cuando enunciaba el concepto.

Los jueces también son personas

De las tres premisas silenciosas sobre las que Cortina construye su modelo, la tercera es la que la filósofa formula con mayor devoción. Escribe con expresividad admirable que el derecho de la ciudadanía es sagrado, que la separación de los tres poderes es irrenunciable, que solo un juez imparcial e íntegro está legitimado para resolver las disputas de una sociedad libre. Nadie serio disputaría el enunciado. Y precisamente por eso, cualquier examen crítico del funcionamiento real del poder judicial español encuentra desde el primer minuto una barrera que la teoría deliberativa ha vuelto casi impenetrable: quien pregunta cómo funciona el campo en la práctica queda ubicado, antes de que su pregunta termine, entre los enemigos del Estado de Derecho. Es, en el vocabulario de Cortina, una de esas conductas que destruyen la separación de poderes al criticar públicamente a los jueces. La operación intelectual es notable: convertir el examen empírico de una institución en una amenaza a la existencia misma de esa institución es la forma más elegante de blindarla contra toda evaluación posible. Con procedimientos parecidos han funcionado, durante siglos, los cuerpos que preferían no ser examinados desde fuera.

Existe, sin embargo, una tradición sociológica del siglo veinte que se ha ocupado de examinar exactamente este tipo de fenómenos sin acusar a nadie de conspirar contra el orden liberal. La propuso Pierre Bourdieu hace cuarenta años, y a diferencia del marxismo clásico que Cortina descarta con la mano cambiada, esta propuesta no ha sido refutada porque no propone lo que la biblioteca liberal necesita refutar. Bourdieu no dice que las instituciones jurídicas sean aparatos al servicio de la burguesía. Dice algo más incómodo: que las instituciones son campos. Un campo profesional es un espacio con reglas propias donde sus miembros comparten una disposición adquirida por trayectoria, formación y trato que hace que piensen, hablen, evalúen y decidan de manera reconociblemente parecida. No conspiran. Comparten. Estudiaron en las mismas facultades, se prepararon con los mismos preparadores, se casaron entre sí en proporciones que la estadística encuentra llamativas. Cuando el campo funciona, produce resultados que ningún actor externo tuvo que solicitar. La institución no falla. Cumple. Solo que lo que cumple no coincide con la promesa que dice cumplir.

Aplicada a la judicatura española, esta lente ofrece un paisaje que ningún opositor desconoce y que los tratados de teoría política prefieren no habitar con demasiada frecuencia. Los aspirantes se preparan durante años bajo tutela de preparadores privados cuyo acceso depende de un capital económico y familiar que no está uniformemente distribuido. El cuerpo resultante es estamentalmente homogéneo y su orientación mayoritaria no es, para decirlo con neutralidad clínica, la del votante mediano español. Las asociaciones profesionales se distribuyen en líneas ideológicas explícitas cuya composición no ha variado en cuarenta años. Y el campo se autodescribe con claridad cuando el examen no lo interpela directamente. En noviembre de dos mil dieciocho, un dirigente de la derecha celebró por escrito ante sus colegas del Senado un pacto de renovación del Consejo General del Poder Judicial con la frase, hecha pública por una filtración desafortunada, de que su partido pondría un presidente que “controlaría la sala segunda desde detrás”. El magistrado renunció al cargo en el Consejo General del Poder Judicial pero mantuvo durante siete años más la presidencia de la Sala Penal del Supremo, la misma que en noviembre de dos mil veinticinco condenó al fiscal general del Estado por revelación de secretos en un procedimiento cuya legalidad formal es incontestable y cuyo desenlace no requiere explicación adicional, salvo por un detalle técnico que la sentencia dejó como legado silencioso a la jurisprudencia futura: la figura del entorno. A partir de ella, cualquier ciudadano podrá ser condenado en España por un delito que no ha cometido él sino alguien situado en su entorno inmediato. La categoría es ambigua por diseño y por eso mismo particularmente útil. Se estrenó contra un fiscal general y ya está circulando, en el registro coloquial, contra un presidente del gobierno cuya esposa y hermano son investigados por causas de solidez variable. La ficción productiva de la separación de poderes ha encontrado, en la novedad jurídica del entorno, un instrumento cuya elegancia habría admirado Kelsen y cuya proyección política solo Bourdieu puede describir con la calma que exige el momento.

Dos años antes, ochocientos jueces se habían manifestado con toga en las puertas de las audiencias de cinco provincias contra una ley que en ese momento se estaba tramitando en el Congreso. La Comisión de Ética Judicial dictaminó que la protesta era éticamente válida. Los jueces protestaron con toga. La Comisión validó la toga. Cortina, cuya obra se dedica a defender la separación de poderes, no consideró necesario examinar filosóficamente lo que significa que un poder del Estado se manifieste con sus signos distintivos contra un procedimiento legislativo del otro poder.

Alguien podría objetar, con la mano rápida, que este examen es unilateral. Que la judicatura condenó al Partido Popular en la Gürtel como partícipe a título lucrativo. Que sentó a un ministro del Interior en el banquillo por la Kitchen. Que persiguió a Bárcenas hasta condena firme. El sistema, en resumen, ha probado empíricamente su capacidad de investigar a la derecha. La objeción es correcta en la superficie y ciega en el fondo. Cuando esos procedimientos se examinan por dentro, el patrón vuelve a aparecer con precisión matemática. Se instruyó todo. Se procesó todo. Se condenó todo. Salvo el nivel superior. Bárcenas sí, Rajoy no. Fernández Díaz sí, la cadena de mando por encima no. El juez que en la Gürtel se atrevió a condenar al partido como beneficiario a título lucrativo fue “promovido” al CGPJ poco después, movimiento que el dirigente del mensaje anterior había reclamado por escrito con la frase, también filtrada, de que “sacarlo de la Audiencia Nacional era bueno”. La regla se enuncia con nitidez cuando se lee la secuencia completa: instrucción exhaustiva hasta el escalón intermedio, contención sistemática del escalón superior, promoción como técnica de neutralización de los magistrados que no se detienen. El sistema funciona. Investiga, procesa, condena. Solo que lo que cumple no coincide, en el detalle donde las democracias se juegan, con lo que declara cumplir.

Es en este paisaje donde el nombre de Sánchez adquiere una función que la biblioteca de Cortina no puede procesar. Sánchez puede ser criticado por sus giros o cambios de opinión política. Su entorno acumula causas judiciales reales, algunas graves, cuya resolución no puede excusarse. Ábalos y Cerdán son datos que ninguna defensa política honesta puede omitir. Y, sin embargo, simultáneamente, su gobierno ha hecho algo que ningún gobierno socialdemócrata español había intentado en cuatro décadas: tocar el habitus del campo. Sacar la ley de amnistía. Intentar la reforma del método de elección del Consejo General del Poder Judicial. Crear oportunidades de inclusión social en el poder judicial a través de becas para la preparación de las oposiciones al ingreso a la carrera judicial. Interpelar públicamente a jueces con procedimientos poco ortodoxos. Cada uno de esos gestos es una perforación al habitus, no una reforma ordinaria. Y el campo, como cualquier campo cuando su reproducción se ve amenazada, responde con el instrumental que le es propio: causas contra la esposa del presidente instruidas por un juez cuyo criterio ha sido cuestionado por jueces de su propio campo político, causas contra el fiscal general por filtraciones cuya asimetría con casos anteriores es materia de manuales, campañas mediáticas coordinadas con querellas basadas en recortes de prensa, que según el Tribunal Supremo no se podrían admitir. Cortina lee esta secuencia como amenaza a la separación de poderes cuando el gobierno la denuncia. Bourdieu la lee como campo defendiendo sus reglas. La primera lectura, honorable en sus intenciones, produce un efecto colateral que la política contemporánea sabe aprovechar: legitimar, con vocabulario filosófico, la operación de un campo cuya conducta empírica es difícilmente compatible con el ideal deliberativo que se invoca para protegerla.

Existe hoy en España un debate legítimo, y en muchos momentos duro, sobre la calidad y los límites del gobierno socialdemócrata en el poder. Ese debate incluye discrepancias mayores dentro de la propia socialdemocracia, algunas expresadas con dureza e incluso buena fe. Felipe González ha ejercido esa buena fe con particular energía en los últimos años, calificando la ley de amnistía en términos que ningún dirigente conservador se habría permitido sin costo, sumándose a foros de opinión organizados por la derecha para deslegitimar al gobierno de su propio partido, ofreciendo a Sánchez, con voz de estadista socialdemócrata, todos los reproches que la biblioteca de Cortina prescribe para los que se apartan del camino recto. Discrepancias con Sánchez, abundantes. Discrepancias con Ayuso, escasas. Discrepancias con Feijóo cuando teoriza sobre la ingeniería electoral, prácticamente ninguna. Discrepancias con Vox cuando declara ilegítimo al gobierno, silencio. La socialdemocracia intelectual, en la figura de Cortina, y la socialdemocracia realmente existente, en la figura de González, terminan defendiendo el mismo marco por caminos distintos. Sobre la derecha, silencios ecuménicos. Sobre la propia socialdemocracia gobernante, exigencias exhaustivas. La teoría deliberativa no consigue explicar esta asimetría. Bourdieu la explica con particular economía: los campos comparten habitus con quienes los reproducen y no con quienes los perforan, independientemente de las siglas bajo las que unos y otros se presenten al examen electoral. Salvar la socialdemocracia empieza a sonar, cuando se lo escucha desde el paisaje que describe, sospechosamente parecido a salvar el orden que la socialdemocracia intelectual defiende contra la socialdemocracia que hoy gobierna. De la niebla de la guerra a las cortinas de humo hay, en política contemporánea, menos distancia de la que la Real Academia estaría dispuesta a reconocer.