Patrones Lingüísticos

Cómo tres palabras convirtieron una disputa política en un problema técnico

El idioma de los que saben

Tenía el tono de alguien que ha explicado cosas difíciles muchas veces y ha aprendido, con los años, que la claridad es una forma de autoridad. Ex ministro de Hacienda de un gobierno de centro izquierda, de uno de esos países latinoamericanos que durante más de dos décadas fue citado como modelo, equilibrio fiscal, inflación controlada, grado de inversión, elogios del FMI en cada Article IV, hasta que el modelo dejó de producir lo que prometía y él dejó el ministerio con la reputación intacta y un cargo de profesor visitante en un par de universidades del hemisferio norte que tienen el buen gusto de no preguntar demasiado sobre los resultados. Consejero de organismos multilaterales. Miembro de directorios. El tipo de currículum que no necesita ser mencionado porque está implícito en cómo lo escuchan. Y en Davos, en enero de 2025, lo escuchaban bien.

La sala era la sala de siempre. CEOs de corporaciones con operaciones en varios continentes, directores de consultoras globales que facturan más que el PIB de varios de los países cuyos gobiernos asesoran, un par de académicos con el perfil correcto, Harvard, MIT, Chicago, alguna combinación de las tres, y algunos funcionarios de organismos internacionales que llegaron con datos y se quedarán con contactos. Panel sobre Empleo, Productividad y Transformación del Trabajo. Cuarenta y cinco minutos, moderador con acento neutro, agua mineral en la mesa. El formato institucional que convierte cualquier argumento en una verdad ya procesada.

La presentación no era sobre política. Eso era lo primero que había que entender, y el ex ministro lo dejó claro desde la segunda diapositiva. Era sobre datos. Gráficos limpios, series de tiempo, coeficientes que cualquier economista entrenado podía leer en diagonal y entender en segundos. El argumento central era, en apariencia, modesto: la brecha salarial entre niveles ejecutivos y trabajadores operativos en las empresas de la región había alcanzado, en la última década, proporciones que empezaban a producir anomalías medibles en la productividad. No era un argumento moral. Eso también quedó claro. Era un argumento técnico, y la distinción importaba, porque en esa sala los argumentos morales tienen el problema de no cerrar en un modelo.

La rotación laboral en los tramos medios y bajos de las organizaciones había subido a niveles que ningún esquema de eficiencia había anticipado como sostenibles. El conocimiento operativo, ese saber acumulado que no aparece en ningún balance pero que es el sistema nervioso real de cualquier empresa que fabrica, distribuye, o atiende algo concreto, se evaporaba cada vez que un trabajador entrenado hacía el cálculo simple de que su salario no justificaba quedarse. No era ideología. Era aritmética. Y la aritmética, en este caso, le estaba saliendo cara a exactamente las empresas que habían defendido durante años que la moderación salarial era una condición de competitividad.

Luego estaba la inteligencia artificial, que era el giro nuevo, el que producía en la sala una atención ligeramente distinta a la habitual, más inclinados hacia adelante, menos mirando el teléfono. La promesa de la automatización había sido siempre la misma: reemplazar trabajo repetitivo, liberar capital humano para tareas de mayor valor agregado, reducir costos operativos, mejorar márgenes. El manual conocido. Pero los datos que el ex ministro desplegaba con la parsimonia de quien sabe que una pausa bien colocada vale más que tres diapositivas sugerían una complicación que los modelos optimistas no habían incorporado con suficiente seriedad. La IA no reemplaza trabajo en abstracto. Reemplaza tareas específicas dentro de procesos que alguien tiene que conocer en profundidad para supervisar, corregir, y adaptar cuando el algoritmo produce un resultado que ningún dataset había anticipado. Ese alguien, en la mayoría de las empresas de la región, era exactamente el trabajador que la estructura salarial estaba expulsando. La automatización prometía eficiencia. La eficiencia requería estabilidad del capital humano. La estabilidad del capital humano era lo que la moderación salarial hacía imposible. Era, en el vocabulario preciso de la sala, una contradicción de optimización. En cualquier otro vocabulario, era otra cosa.

Los CEOs reconocían el problema con la comodidad de quienes lo han medido y saben que tiene solución técnica. El director de una consultora global confirmó que el patrón era consistente en múltiples geografías y sectores. No era una anomalía local o regional. Era una tendencia que el nuevo contexto geopolítico amplificaba sin piedad: el fin del multilateralismo ordenado, la reorganización de las cadenas de suministro por lógica de bloques y no de costos marginales, la presión creciente sobre las empresas para relocalizar operaciones en territorios donde la estabilidad política compensara lo que antes se llamaba ventaja comparativa y ahora se llama riesgo geopolítico. En ese escenario, una empresa con alta rotación en sus niveles operativos no tenía un problema de recursos humanos. Tenía un problema de arquitectura.

El ex ministro cerró con la precisión de quien sabe que en estos paneles la última oración es la que se lleva el auditorio. La desigualdad salarial, dijo, había dejado de ser exclusivamente un problema social. Era, en el contexto actual, un problema de productividad. Y un problema de productividad, en el contexto de la transformación tecnológica y la reconfiguración del orden global, era un problema de competitividad. La sala aplaudió con la cadencia específica de quienes están de acuerdo y tienen agenda en veinte minutos.

Nadie en esa sala estaba incómodo. Esa es la primera señal de que algo no funciona.

El origen del idioma

Milton Friedman llegó a Santiago en marzo de 1975 invitado por sus discípulos chilenos que comenzaban a desarrollar en la práctica las ideas que habían empezado a conocer a fines de los años cincuenta en la Escuela de Economía de Chicago, los Chicago Boys. Tenía sesenta y dos años, el Premio Nobel todavía pendiente, y una teoría que en Chicago funcionaba bien en los modelos y que en Chile iba a tener la oportunidad que ninguna democracia le había dado hasta entonces: operar sin oposición, prácticamente sin sindicatos, sin parlamentarios incómodos, sin prensa que preguntara demasiado. Fue recibido con los honores que se reservan para quienes traen respuestas a problemas que los anfitriones ya han decidido resolver de cierta manera. Se reunió con el dictador Pinochet. Dio conferencias. Habló de shock económico, de disciplina fiscal, de precios libres, de mercados que se autorregulan cuando se les quita el estorbo de la intervención estatal. Lo que no mencionó, o mencionó con la delicadeza técnica de quien prefiere no contaminar el modelo con sus condiciones de implementación, era que todo eso requería un país donde la alternativa al ajuste no fuera votar en contra sino algo considerablemente peor.

El experimento chileno es la fecha de nacimiento del vocabulario que el ex ministro usó en Davos cincuenta años después con la naturalidad de quien habla su lengua materna. No porque Pinochet fuera un teórico del neoliberalismo, que no lo era, sino porque Chile demostró algo que los modelos de Friedman necesitaban demostrar antes de poder presentarse como ciencia y no como lo que eran: que el programa funcionaba, que la inflación cedía, que los mercados respondían, que el crecimiento volvía. Que era posible. El costo de esa demostración no apareció en ningún paper de la Escuela de Chicago. Apareció en otros registros, en otros archivos, en otras listas con nombres de personas y de organismos de la Iglesia Católica dedicados a otros asuntos.

Reagan llegó en 1981. Thatcher había llegado en 1979. Los dos llegaron después, con votos y parlamentos y conferencias de prensa, a aplicar la versión que las democracias podían procesar. Y necesitaban el lenguaje. No podían decir lo que Pinochet había dicho, que era esencialmente nada, porque Pinochet no había necesitado argumentar. Pero Reagan y Thatcher gobernaban sociedades donde había que convencer, o al menos donde había que hacer que la imposición pareciera convicción. Ahí nació el vocabulario técnico como arma política. Ahí “flexibilidad laboral” reemplazó a “destrucción del poder de negociación del trabajo”. Ahí “eficiencia del mercado” reemplazó a “transferencia de ingresos desde el trabajo hacia el capital”. Ahí “competitividad” reemplazó a “disciplinamiento de la fuerza de trabajo”. Las palabras nuevas no describían una realidad diferente. Solo la hacían más difícil de reconocer.

Tomemos “flexibilidad”, que es quizás la más elegante de las tres porque contiene su propia justificación estética. Flexible es lo opuesto de rígido, y nadie defiende la rigidez. Cuando Reagan despidió a los controladores aéreos en huelga en 1981, todos los 11.345 de una vez, no habló de represalia ni de disciplina ni de mensaje al movimiento obrero organizado. Habló de responsabilidad, de servicio público, de las reglas que todos habían aceptado. La flexibilidad vino después, en la narrativa de los años siguientes, como la descripción técnica de un mercado laboral que funcionaba mejor sin la “rigidez” que los sindicatos introducían. Ambos quedaron traducidos en categorías económicas que los libros de texto de las décadas siguientes enseñarían como si fueran conceptos y no victorias políticas.

“Eficiencia” es más sofisticada porque opera en dos niveles simultáneos. En el nivel superficial es una descripción matemática: más output con menos input. Nadie está en contra. Pero en el nivel operativo es una decisión sobre qué se mide y qué no. Una empresa que reduce costos laborales vía rotación permanente es, en el modelo estándar, más eficiente que una que paga salarios que retienen trabajadores entrenados. El conocimiento operativo acumulado, la capacidad de adaptación ante disrupciones, la cohesión de los equipos en momentos de crisis, nada de eso entra en la función de producción que define la eficiencia. No porque los economistas no supieran que existía. Sino porque incorporarlo complicaba la conclusión.

“Competitividad” es la más perversa de las tres porque es la única que señala con el dedo. “Eficiencia” y “flexibilidad” describen cómo debe funcionar el sistema. “Competitividad” identifica qué lo traba. Y lo que lo traba, en la gramática de este vocabulario, es invariablemente el costo del trabajo. No el costo del capital. No el costo de la deuda. No los subsidios que el Estado entrega a las grandes corporaciones. El trabajador que pide más salario no le está fallando a su empleador, en este marco, le está fallando a la nación. Su reivindicación es un problema de posicionamiento internacional. La competitividad convierte una disputa sobre la distribución del ingreso en una disputa sobre el patriotismo, y lo hace con ecuaciones, que es una forma de hacerlo sin que parezca lo que es. Y cuando el Fondo Monetario Internacional, o el Banco Mundial, o una consultora contratada por un ministerio de Hacienda de cualquier capital latinoamericana recomienda “reformas que mejoren la competitividad del mercado laboral”, la traducción al español sin procesamiento técnico es siempre la misma. Siempre.

Lo notable no es que este vocabulario exista. Lo notable es la velocidad con que cruzó el Atlántico de vuelta hacia América Latina, ya no como experimento sino como consenso, ya no implementado con tanques sino enseñado en universidades, publicado en papers, recomendado por organismos que se presentan como políticamente neutros porque usan ecuaciones en lugar de adjetivos. Los tecnócratas latinoamericanos de los ochenta y noventa que estudiaron en Chicago o en Harvard o en el MIT no importaron una ideología extranjera. Importaron un idioma que hacía que la ideología no pareciera ideología. Y lo aplicaron con la convicción genuina de quienes creen que están siendo rigurosos.

El ex ministro que habló en Davos en enero de 2025 no estaba mintiendo. Sus datos eran correctos. Su preocupación por la productividad era real. Su diagnóstico sobre la rotación laboral y la inteligencia artificial era, en sus propios términos, impecable. Estaba usando el único idioma que su formación le había dado para describir un problema que ese mismo idioma había contribuido a construir. Y la sala aplaudió.

El mejor alumno de la clase

Arindrajit Dube es, probablemente, el economista que más sabe en el mundo sobre por qué los salarios son demasiado bajos. Eso no es una opinión. Es una descripción de dos décadas de trabajo empírico riguroso, acumulado con la paciencia de quien confía en que los datos eventualmente pesan más que las ideologías. Sus papers sobre salario mínimo y monopsonio cambiaron el debate académico en Estados Unidos con la contundencia silenciosa de quien no necesita levantar la voz porque tiene los números. El New Yorker le dedicó un perfil en su sección Financial Page, que es el lugar donde la revista decide que un argumento económico ya merece ser leído por personas que no leen papers. Ese es el momento en que una idea deja de ser académica y se convierte en consenso emergente.

El problema no es Dube. El problema es el idioma en que está escrito su diagnóstico.

El concepto central de su trabajo es el monopsonio laboral: la idea de que los empleadores tienen poder de mercado real para fijar salarios por debajo de niveles competitivos, y que ese poder, cuando no se controla, mantiene los sueldos más bajos de lo que deberían ser. La evidencia es sólida. El fenómeno es real. Y nombrarlo como “falla de mercado” es exactamente lo que el sistema necesita que hagamos con él, porque una falla de mercado tiene solución técnica, regulación antimonopolio, salario mínimo, transparencia salarial, y las soluciones técnicas no requieren preguntarse quién diseñó el mercado ni con qué propósito ni a beneficio de quién. Una falla es un accidente. Los accidentes no tienen autores.

Pero el mercado laboral que Dube documenta con tanta precisión no es un accidente. Es el resultado de décadas de lobby activo, de legislación diseñada con nombres propios en las salas de reuniones correctas, de decisiones judiciales que fueron construidas argumento por argumento durante cuarenta años por abogados que sabían exactamente lo que estaban construyendo. En Estados Unidos, la destrucción sistemática del poder sindical desde los años ochenta no ocurrió porque el mercado la prefiriera. Ocurrió porque fue política partidista deliberada, financiada, sostenida, y defendida en cada instancia donde alguien intentó revertirla. En América Latina ocurrió antes y después, con menos eufemismos y más eficiencia, en el sentido técnico del término. El monopsonio no es una falla. Es la arquitectura. Y llamarle falla es confundir el plano con el accidente de construcción.

El New Yorker recuerda que cuando Dube comenzó a publicar sus investigaciones sobre monopsonio, los seminarios donde presentaba sus hallazgos se llenaban con la consistencia de un velorio en agosto. Unos pocos colegas, algún estudiante de doctorado, y la certeza de que el tema no era exactamente lo que el debate académico dominante consideraba urgente. Dos décadas después, la conferencia anual sobre monopsonio laboral está agotada. Lo que cambió no fue solo la acumulación de evidencia, que es la versión académicamente correcta de la historia. Lo que cambió también fue el mercado. La reducción estructural de la oferta laboral en Estados Unidos post pandemia hizo que los empresarios descubrieran empíricamente, sin necesidad de leer un paper: que cuando los salarios se comprimen durante demasiado tiempo con la excusa de la productividad, los trabajadores simplemente se salen del mercado, y que una fuerza laboral que desaparece es un problema que ningún modelo de eficiencia había puesto en la columna de costos.

La sala de Davos aplaudiría el libro de Dube. Es exactamente el tipo de libro que esa sala necesita que exista: demuestra que el sistema tiene problemas, propone soluciones dentro del sistema, y confirma que el sistema es corregible. Lo que no propone es la pregunta que haría incómoda a esa sala. No porque Dube no sea inteligente, que lo es, sino porque esa pregunta no cabe en un paper de economía laboral por las mismas razones que no cabe en una presentación en Davos. El vocabulario no tiene casilla para ella.

La pregunta es esta: si el monopsonio no es una falla sino un diseño, ¿quién lo diseñó, cuándo, y qué habría que deshacer para que cambiara? No qué regulación habría que aprobar. Qué correlación de fuerzas habría que revertir. Esa es una pregunta de economía política, no de política pública. Y la diferencia entre las dos no es semántica. Es la diferencia entre preguntarse cómo funciona mejor una máquina y preguntarse para quién fue construida.

Dube tiene la respuesta correcta a la pregunta equivocada. Y eso, en el vocabulario preciso de la sala que lo aplaude, es exactamente lo que se llama un aporte.

La disputa que no tiene nombre en la sala

Hay una manera de leer el libro de Dube que el New Yorker no propone y que la sala de Davos no necesita considerar: como la evidencia más rigurosa disponible de que el problema nunca fue técnico. El monopsonio que Dube documenta con dos décadas de datos no es una imperfección del mercado laboral. Es el mercado laboral funcionando exactamente como fue diseñado para funcionar cuando una de las dos partes de la negociación llega a la mesa con el Estado, la ley, y cuarenta años de hegemonía cultural en el bolsillo, y la otra llega sola, si es que llega.

Porque eso es lo que el vocabulario de la eficiencia, la flexibilidad y la competitividad logró con una precisión que ningún proyecto político explícito hubiera podido alcanzar sin resistencia: borrar a una de las dos partes del conflicto. No físicamente, que eso ya se había intentado con resultados más ruidosos, en Argentina, Brasil y Chile, sino lingüísticamente. Si no hay conflicto, no hay partes. Si no hay partes, no hay disputa. Si no hay disputa, lo que queda es un problema técnico de optimización de variables. Y los problemas técnicos los resuelven técnicos. No trabajadores. Esa es la operación que Friedman hizo posible en Santiago, que Reagan y Thatcher exportaron al mundo anglosajón con el lenguaje correcto, y que el ex ministro reprodujo en Davos sin saberlo, o sabiéndolo, que en términos de resultado es exactamente lo mismo.

La disputa capital-trabajo no es una categoría del siglo XX que la modernidad superó. Es la descripción más precisa de lo que ocurre cada vez que una empresa decide cuánto del producto del trabajo se queda arriba y cuánto baja. Esa decisión no la toma el mercado. No la toma la productividad. No la toma la tecnología. La toma quien tiene poder para tomarla, y ese poder no es natural ni inevitable ni el resultado de ninguna mano invisible. Es el resultado de leyes escritas por alguien, de organizaciones de trabajadores destruidas por alguien, de universidades y think tanks financiados por alguien. El orden natural de las cosas no existe. Fue redactado.

Dube lo sabe. Sus datos lo dicen con una claridad que su marco teórico prefiere no terminar de escuchar. El monopsonio no aparece solo. Aparece donde el poder de los trabajadores para negociar colectivamente fue sistemáticamente eliminado, donde la legislación laboral fue reescrita durante décadas para reducir el costo de reemplazar trabajadores y aumentar el costo de organizarlos, donde el Estado dejó de ser árbitro para convertirse en el abogado de una de las partes mientras financiaba papers que demostraban que no había partes sino variables. Llamar a eso falla de mercado es como llamar fraude electoral a una dictadura. Técnicamente no es del todo incorrecto. Pero nombra tan poco que el nombre se convierte en encubrimiento.

El ex ministro que habló en Davos en enero de 2025 tenía razón en los datos y estaba completamente equivocado en el diagnóstico, no porque sea deshonesto sino porque estudió en las universidades correctas. La pregunta correcta no es cómo resolver la tensión entre salarios y competitividad. Es quién se beneficia de que esa tensión exista, quién la construyó, y qué tendría que cambiar en la correlación de fuerzas para que cambiara el resultado. Esa pregunta no tiene respuesta técnica. Tiene respuesta política. Y las respuestas políticas no se aplauden en Davos.

Se construyen en otro lado.